JAÉN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Jaén ha resuelto la suspensión de la actuación impulsada por el Ayuntamiento de Jódar consistente en la celebración de una consulta popular prevista para el próximo domingo sobre el reparto de las ayudas del Aepsa, una resolución adoptada a instancias del recurso presentado por la Delegación del Gobierno andaluz al constatar que el equipo de gobierno galduriense no había seguido el procedimiento legalmente establecido en la norma de regulación de las consultas populares locales en Andalucía (Ley 2/2001), según informó la Junta a través de un comunicado.
La delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Teresa Vega, destacó que este tipo de iniciativas se debe realizar conforme a la normativa vigente y no fruto de un "arrebato". "Además, si profundizamos en el contenido de la misma, comprobamos que es un disparate más y un nuevo ejemplo de la ingobernabilidad que vive Jódar", subrayó a la vez que incidió en que esta iniciativa del equipo de gobierno de IU y PP es una "cortina de humo" que esconde "una incapacidad manifiesta de gestionar los fondos que se han concedido".
En este sentido, la delegada explicó que tanto la Junta como el Gobierno central han sido muy "sensibles" con la ciudad galduriense en la concesión de fondos del Aepsa, incrementando las partidas por encima del resto de los municipios jiennenses. "Sólo en 2007 se entregaron más de 600.000 euros para proyectos generadores de empleo y, un año después, el balance es nulo, porque el Ayuntamiento no puso a disposición los terrenos para ejecutar esta inversión. Por lo tanto, los ciudadanos de Jódar y, general, de toda la provincia, han perdido ese dinero, que puede cifrarse en algo más de 6.000 euros diarios en los últimos tres meses", manifestó.
Vega recalcó que en los últimos cinco años se han iniciado expedientes de reintegro al Consistorio galduriense por encima de los 500.000 euros. "Esto significa que un conjunto importante de obras o no son han ejecutado correctamente o los fondos se han destinado a otros menesteres distintos a los estipulados o, habiéndose realizado las actuaciones, no se han justificado correctamente", ha puntualizado.
Igualmente, la delegada ha explicado que se han detectado en expedientes de algunas anualidades vencidas que aproximadamente el cuatro por ciento de los fondos salariales del INEM para los trabajadores se destinaban a gratificaciones. "Éstas se entregan a criterio del propio alcalde y, al tratarse de un concepto no subvencionable por el INEM, será un dinero que el Ayuntamiento tendrá que devolver", detalló.
La delegada señaló que estas son algunas de las "irregularidades" que se constatan al inspeccionar los expedientes. "En lugar de preocuparse en resolver estos graves problemas, que demuestran la incapacidad de gestión del alcalde, se dedica ahora a montar este sinsentido de la consulta popular", lamentó Vega, que, incluso, aclaró que el propio alcalde tiene la potestad de realizar contratos por el periodo de tiempo que se quería llevar a consulta popular. "Si quiere puede hacer contratos por cinco, siete o diez días. Sólo tiene que solicitarlo y se le autoriza. Por lo tanto, nos encontramos ante una muestra más de la injustificación de esta iniciativa", concluyó.