Jaén.-Tribunales.-El presidente de la orujera que realizó vertidos acepta una multa de 1.800 euros por imprudencia grave

JAÉN 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de una orujera de Torreperogil (Jaén) que realizó vertidos tóxicos que incluso llegaron a producir la contaminación de varios acuíferos aceptó hoy una multa de 1.800 euros como autor de un delito de imprudencia grave, después de que la defensa y el fiscal alcanzasen un acuerdo de conformidad.

Según indicaron fuentes del caso, en el juicio, celebrado en la sección primera de la Audiencia Provincial de Jaén, el abogado de la defensa aportó una sentencia de este mismo organismo judicial sobre un "caso similar" en el que la orujera implicada resultó absuelta. Un elemento al que se unió la circunstancia de que el acusado, Manuel L.M., había entrado como presidente de la cooperativa un mes después del vertido principal.

Así las cosas, el fiscal, que en un principio solicitaba seis años de cárcel por un delito ecológico en el que se le aplicaba el agravante de expresa desobediencia, y la defensa, que pedía la libre absolución, llegaron al acuerdo por el que el primero modificó sus calificaciones y consideró a Manuel L.M. autor de un delito de imprudencia grave por el que pidió una multa de diez meses a razón de seis euros por día.

El abogado defensor, por su parte, explicó que el área en el que se produjeron los vertidos también había un polígono industrial y una zona residencial con pozos ciegos y fosas asépticas y recordó que en los análisis habían aparecido residuos fecales junto a sustancias tóxicas.

Asimismo, y sobre posibles medidas correctoras para limpiar la zona de toxicidad, el letrado indicó que con carácter previo al proceso judicial se procedió al cierre de las instalaciones y a la clausura de la balsa con los trámites administrativos correspondientes, sin bien añadió que "si quedara algo que hacer, se haría".

Mientras tanto, Manuel L.M. mostró su satisfacción al salir del juzgado por haber evitado la cárcel y afirmó que todo "esto ha sido una persecución política". "El Ayuntamiento nos dijo que nos fuéramos de su término y desde ahí viene todo. La orujera cerró el 1 de diciembre de 2003 y no cerró, la cerraron", apostilló.

DESDE 1995.

En su escrito de calificaciones, el fiscal argumentó que ya en agosto de 1995 el Ministerio de Medio Ambiente requirió a esta empresa para que presentase un plan de regularización de vertidos y le advirtió de que si no lo entregaba revocaría la autorización provisional concedida para su funcionamiento, un proyecto que no llegó a entregar.

Además, recalcó que las balsas para almacenamiento de residuos procedentes de la explotación carecen de la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), con lo que la orujera estuvo almacenando esos residuos sin cumplir las "mínimas medidas de seguridad exigidas por el ordenamiento jurídico" a la vez que acusó a la firma de verter el orujo sobre el terreno "sin forma alguna de embalsamiento".