La delegada de Educación espera que la comunidad educativa recupere el clima de convivencia en el Ramiro de Maeztu de Puente Genil
CÓRDOBA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonia Reyes, dijo hoy que la Administración autonómica "acatará las medidas cautelares que fije el juez" para los cinco alumnos de Primaria sin escolarizar en Almodóvar del Río (Córdoba), cuyos padres no han aceptado los colegios alternativos al que eligieron que les ofreció la Junta.
En declaraciones a Europa Press, Reyes dijo que "no es algo extraordinario, pues está previsto en la normativa y no es la primera vez que ocurre, que unos padres acuden al contencioso-administrativo al creer que no se ha llevado bien el proceso de escolarización de sus hijos, y en este caso, como en todos los anteriores, la Junta aceptará las medidas cautelares que disponga el juez, que pueden ser la escolarización provisional de los menores en el centro que desean sus padres, lo cual, no necesariamente implica que el fallo judicial último, que la Junta también acatará, vaya en ese mismo sentido".
En cuanto a que los padres de esos niños, que como acción de protesta se han encerrado en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Luis de Góngora de Almodóvar, donde sus hijos no fueron admitidos, la delegada de Educación dijo no entender por qué no aceptan llevar a sus hijos a un centro privado concertado en el mismo pueblo, "cuando en la etapa de Educación Infantil no tuvieron problema en llevar a sus hijos a un centro no público, sino conveniado con la Junta, cuando había plazas en otro público".
"Además --prosiguió--, dicha Escuela Infantil está en la barriada de Los Mochos, la misma que ahora les parece que está muy lejos del núcleo principal de población de Almodóvar, y eso que la Junta les daría una ayuda para el transporte hasta el colegio público de Los Mochos", que, además del concertado, les ha ofrecido Educación como alternativa al Luis de Góngora, en el que, según subrayó Reyes, no se debe aumentar la ratio para matricular a más niños, lo que iría en perjuicio de la calidad de la enseñanza, cuando hay 20 plazas libres entre los otros dos centros que se les ofertan".
RAMIRO DE MAEZTU
Por otro lado, respecto a la demanda de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Ramiro de Maeztu de Puente Genil (Córdoba), que apoya el PA, de que se traslade a una educadora de dicho colegio público, bajo la amenaza de los progenitores de no llevar a sus hijos a clase, la delegada de Educación dijo que en este asunto "toda la comunidad educativa, es decir, el AMPA, el centro y la educadora, deben poner algo de su parte para recomponer el clima de convivencia en el colegio".
A juicio de Reyes "no se puede atentar contra el derecho de los menores a recibir enseñanza" y dado que, "afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, los trabajadores también tienen derechos que no se pueden conculcar", aludiendo así a que el hecho que llevó al enfrentamiento entre el AMPA y la educadora determino la apertura a ésta última de "un expediente disciplinario que concluyó con la imposición de una sanción" a dicha funcionaria, "sanción que ya ha cumplido y ahora, como poco, hay que darle el beneficio de la duda".
La delegada de Educación recordó que, además, la Administración educativa "ha intentado mediar entre el AMPA y la educadora, para buscar soluciones factibles desde el punto de vista administrativo, pues no puede olvidarse que esta trabajadora tiene su destino definitivo en este colegio y, salvo que ella lo solicite o lo acepte, no se la puede trasladar a otro centro".
