PP asegura que la Junta se opone a aplicar extensiones de sentencia "y eso nos costará casi 500.000 euros en condenas en costas"
SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha señalado en el pleno del Parlamento andaluz que los funcionarios de la Administración de Justicia fueron los primeros que empezaron a percibir en Andalucía, en febrero de 2015, la devolución de la paga extra detraída de diciembre de 2012 por decisión del Gobierno central.
En su intervención ante el Pleno de la Cámara, De Llera ha precisado que a día de hoy a los funcionarios de la Administración de Justicia en Andalucía ya sólo les queda por recibir un 24,5 por ciento de esa paga extra, que cobrarán en febrero de 2018, como el resto de los empleados públicos de la Administración autonómica.
Al respecto, el titular de Justicia e Interior ha subrayado que la Junta "ha actuado en todo momento para lograr la recuperación del dinero detraído a los funcionarios por decisión del Gobierno central, cumpliendo con sus compromisos y las resoluciones judiciales para la devolución de la paga extra de diciembre de 2012".
Además, el consejero ha precisado que la Junta ya ha tramitado 690 resoluciones comunicadas por los órganos judiciales para que se dé cumplimiento a lo dispuesto por el juez en relación al abono de la paga extra para que se haga efectivo el reintegro correspondiente a los empleados públicos afectados.
El consejero no comparte la realidad expuesta por la diputada del PP Rosalía Espinosa, dejando claro que la Junta "no ha ido el Tribunal Constitucional", tras lo que ha recordado que la detracción de la paga extras "es una norma estatal, no de a Junta, sino que se trata de un Real decreto ley aprobado en 2012, por lo que Andalucía sólo la ha trasladado a nivel autonómico".
Ha recordado que fruto del acuerdo suscrito en junio de 2016 en la Mesa General de Negociación Común se estableció un calendario de devolución "que se está cumpliendo estrictamente".
Tras reiterar que los funcionarios de Justicia "fueron los primeros funcionarios de la Junta que recuperaron la paga extra mediante orden de 23 de enero de 2015", De Llera ha explicado que los otros tres tramos "se están devolviendo en septiembre de 2016, en febrero de 2017 el tercer tramo y en febrero de 2018 se paga el cuarto tramo".
"La ejecución de la sentencia supone un camino largo, que exige la devolución principal y cuatro actos de gestión de nóminas y los actos de liquidación de los intereses correspondientes", ha aseverado el consejero, quien asegura que la Junta "está procediendo inmediatamente a la ejecución de los autos de extensión".
Asimismo, ha dejado claro que "las medidas para evitar el sobrecoste se han adoptado por parte de la Junta, que ha desistido de los recursos de aclaración". "No estamos en discutir estrategias procesales legitimas ni el valor de posibles condenas en costas; no se dirimen las estrategias procesales a seguir", ha añadido.
MEDIO MILLÓN EN COSTAS
Por su parte, la diputada del PP Rosalía Espinosa ha recordado "el gran sacrificio de los empleados públicos de toda España, y especialmente los 275.000 empleados públicos de Andalucía para sacar a este país de la quiebra en la que nos metió el Gobierno de Zapatero".
Apunta que "cuatro años después en toda España han recuperado la paga extra de 2012 pero en Andalucía no, vamos por detrás, y con suerte la recuperaremos en 2018".
Ha lamentado el "problema añadido" en la Consejeria de Justicia, donde "los empleados públicos de la Consejería no sólo han sufrido esta reducción d la paga extra y no la han recuperado, sino que además la Consejería ha maniobrado torticeramente ante la Justicia para que esos empleados públicos vean recortados derechos y no se emitan resoluciones judiciales que reconozcan derechos".
De esta forma, lamenta que "ahora el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla está saturado con más de 2.600 solicitudes de extensión de sentencia que reconocen el pago de esas pagas extras reducidas; los juzgados están saturados y la Junta ha maniobrado con recursos ante el Constitucional y el Supremo para que empleados públicos de otras provincias no puedan pedir la extensión de sentencia no acogerse al restablecimiento de derechos".
Lamenta que "la decisión de la Consejería le va a costar a los andaluces casi 500.000 euros en condenas en costas por oposición temeraria a las resoluciones judiciales, pues el Supremo y muchos juzgados le están quitando la razón a la Junta y le está condenando en costas". "Los trabajadores de Justicia están esperando Justicia", ha añadido.
