SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha comparecido este jueves en el Parlamento de Andalucía para explicar la repercusión que la iniciativa AIRE va a tener sobre las Entidades Locales Autónomas y, en este sentido, ha insistido en que es la primera vez que en una convocatoria de ayudas de estas características establece como condición específica que los ayuntamientos "notifiquen a las entidades locales autónomas de su territorio, las obras o servicios que pretenden ejecutar en el ámbito de la subvención" y que "acrediten que dicha notificación se ha llevado a cabo, a través de una declaración que tienen que incluir en la solicitud telemática de los proyectos".
Rocío Blanco ha detallado la interlocución que ha mantenido la Consejería de Empleo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para dar respuesta "a una reivindicación reiterada en otros años", por lo que esta cuestión ha sido considerada "de manera especial" para que la norma actual recoja y refuerce la participación de las ELA en la iniciativa AIRE.
Con la introducción de esta condición en la solicitud de las subvenciones de la iniciativa AIRE, "nos aseguramos al menos de que las ELA son oídas antes de que el Ayuntamiento presente el proyecto", ha señalado la consejera, según recoge en un comunicado la Junta.
Desde 2014 hasta la actualidad, todas las ediciones de iniciativas de empleo local (ICL) que se han venido desarrollando "han tenido a los ayuntamientos andaluces como únicas entidades beneficiarias", y han tomado al municipio como la unidad territorial administrativa de referencia. Esto se debe a que los municipios son la unidad administrativa de referencia de las personas desempleadas, no pudiendo éstas asociarse a la entidad local autónoma a la que pertenecen.
No obstante, estos programas han recogido anteriormente la identificación de proyectos de las entidades locales autónomas en la selección de las obras y servicios a poner en marcha por los ayuntamientos, que como entidades beneficiarias "son los competentes para acordar y definir, junto con sus ELA, los niveles de colaboración y/o participación en el diseño de sus proyectos", ha apuntado Blanco. Esto se debe a que el presupuesto con el que cuentan se ha calculado en función de la población total del municipio, con los habitantes de la ELA incluidos.
