SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha asegurado este lunes que el decreto de teletrabajo "nunca ha estado parado" y que su tramitación se encuentra pendiente del informe del Gabinete Jurídico, tras haber requerido hasta el momento la emisión de 42 informes. La Administración autonómica ha defendido la "gran complejidad" de esta norma y la necesidad de cumplir "escrupulosamente" todos los trámites previstos antes de su aprobación definitiva.

Así lo han señalado fuentes de la Junta consultadas por Europa Press con motivo de la Mesa Sectorial extraordinaria celebrada este lunes, en la que se ha abordado la tramitación del decreto. Según han explicado, el Gabinete Jurídico dispone de un plazo de tres semanas para emitir su informe y, una vez recibido, se analizarán sus observaciones y se incorporarán, en su caso, las modificaciones necesarias "en el menor tiempo posible".

A continuación, el texto resultante y la totalidad del expediente, "que ronda ya los 5.000 folios", se remitirán a la Comisión General de Viceconsejeros para continuar su tramitación y solicitar el dictamen del Consejo Consultivo. La Junta ha indicado que este órgano dispone de 20 días hábiles, aproximadamente cuatro semanas, para pronunciarse.

A partir de las consideraciones del Consultivo se elaborará la redacción definitiva del decreto. En este sentido, las mismas fuentes han explicado que el texto ha incorporado "numerosas aportaciones" tanto del trámite de audiencia como de los distintos informes preceptivos, por lo que ha experimentado cambios respecto al documento inicial.

La Junta ha señalado que esa versión definitiva se someterá posteriormente a la consideración de los órganos de negoiación correspondientes: la Mesa General, las mesas sectoriales y la Comisión del Convenio.

Asimismo, ante la posibilidad planteada de anticipar los cambios que pueda incorporar la norma, la Administración ha defendido que esperará a disponer del último informe preceptivo y de un texto "jurídicamente cerrado". "No tendría sentido trasladar como definitivo un borrador que todavía puede sufrir modificaciones", han manifestado las fuentes consultadas.

Ante esto, desde el sindicato CSIF Andalucía han criticado que la Junta "siga alargando indefinidamente" la aprobación del decreto de teletrabajo y que "no se cuente con una nueva fecha para su aplicación, a pesar de que ha pasado casi un mes de la pactada inicialmente".

Tras la Mesa Sectorial de carácter extraordinario celebrada este lunes, el sindicato ha señalado que "la Administración se ha abstenido de concretar un nuevo plazo de finalización de la tramitación y, por tanto, se sigue retrasando un aspecto crucial ya negociado con los representantes de las y los trabajadores". Por ello, CSIF ha subrayado que la tramitación del decreto de teletrabajo comenzó en abril de 2025 y, tras pasar por Mesa General, Mesa Sectorial y Comisión de Convenio, la negociación culminó en julio de dicho año. Además, el pasado 21 de abril "se suscribió un pacto en el que se establecía el último día de septiembre como fecha tope para aprobar el decreto, al mismo tiempo que se contemplaba la implantación de un marco provisional de aplicación homogénea del teletrabajo hasta la entrada en vigor de la nueva regulación".

Para CSIF, se trata de un proceso "anormalmente dilatado en el tiempo" y que se traduce en un perjuicio a las trabajadoras y los trabajadores. En este sentido, el sindicato ha informado de que "la Administración se ha vuelto a referir a la complejidad de la tramitación como causa para haber incumplido el plazo acordado, unas palabras ya pronunciadas hace unas semanas por el consejero de Función Pública, José Antonio Nieto, pero que no sirven de excusa para incumplir un pacto firmado con las organizaciones sindicales".

De igual manera, la Administración ha señalado principios de diciembre como nueva fecha para analizar la evolución del decreto, pero, a juicio del sindicato, esto "supone seguir dando patadas a un balón fuera del tiempo de juego". Para CSIF, el nuevo "escenario incierto" que se presenta ante la falta de concreción de la Administración "viene a perjudicar gravemente al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, que lleva años demandado la regulación del teletrabajo. Además de los perjuicios para las empleadas y empleados públicos, esta ralentización de la tramitación es incompatible con el objetivo del que presume el Gobierno andaluz de avanzar hacia una Administración más moderna, flexible y eficiente, así como de mejorar la conciliación de la vida laboral y personal de las empleadas y empleados públicos".

CSIF, que ya registró a principios de octubre un escrito exigiendo a la Administración que estableciese una nueva fecha concreta de aprobación del decreto, ha indicado que la Circular 1/2026 aprobada como marco provisional de aplicación homogénea del teletrabajo hasta la entrada en vigor de la nueva regulación "en ningún caso es la solución definitiva, sino que constituye una regulación transitoria que no puede sustituir ni justificar el incumplimiento del compromiso adquirido para aprobar el nuevo decreto". Por todo ello, el sindicato ha advertido de que no descarta "adoptar todas las medidas oportunas en defensa de las empleadas y empleados públicos".

Del mismo modo, desde la Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) han subrayado que "el gobierno andaluz sigue bloqueando su aplicación", en lo que, a su juicio es "una clara falta de voluntad política de la Junta". Del mismo modo, han afirmado que en la Mesa Sectorial extraordinaria "se han utilizado los plazos administrativos como excusa para seguir prolongando injustificadamente su implantación, que perjudica al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía".

ISA ha detallado que de los informes preceptivos pendientes, únicamente se ha emitido el de la Dirección General de Presupuestos, recibido el pasado 15 de octubre. El resto de los trámites, "ni siquiera se han solicitado". Por ello, el sindicato ha rechazado que "escudarse en los plazos de tramitación o en la Evaluación del Desempeño, son excusas que ocultan la falta de voluntad política".

"Siguen dilatando los plazos pese a que no existe una razón administrativa que justifique esta demora", ha añadido el sindicato. Entretanto, han asegurado, Andalucía se mantiene entre las comunidades autónomas españolas con menor implantación del teletrabajo. Asimismo, han mostrado su preocupación sobre los cambios en el texto negociado, entre ellos una posible vinculación del teletrabajo a la evaluación del desempeño, pese a que, cuando concluyó la negociación, el decreto regulador de dicha evaluación todavía no se había aprobado. A esto se suma la pretensión de mantener un periodo de seis meses entre la aprobación del decreto y su aplicación efectiva. ISA ha defendido la eliminación de ese plazo, para evitar que la entrada en vigor "vuelva a quedar sometida a una demora adicional injustificada".