SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía ha defendido este jueves que "está garantizando el cumplimiento del acuerdo alcanzado en septiembre en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración andaluza con los sindicatos mayoritarios, CSIF y UGT, sobre el 'Protocolo de medidas organizativas para aplicar el teletrabajo, en aquellas funciones que sean susceptibles de teletrabajo y mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19'".
Así lo ha subrayado la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior en un comunicado después de que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía (CSIF-A) se haya movilizado este jueves con concentraciones en todas las provincias andaluzas ante las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la Junta para reclamar el cumplimiento del citado pacto sobre el teletrabajo.
Dicho protocolo, según expone la Junta en su comunicado, "añade el reconocimiento, a todas las personas empleadas incluidas en su ámbito de aplicación cuyas funciones sean susceptibles de teletrabajo, la posibilidad de un día de teletrabajo semanal", una "novedad que no existía y representa un gran beneficio porque permite una mejor conciliación", según apostilla la Consejería.
Asimismo, para las personas con menores de 14 años o personas dependientes a cargo, cuyas funciones puedan desarrollarse de modo no presencial, reconoce "la posibilidad de teletrabajo al 100% de la jornada en caso de cierre total o parcial de centros escolares o asistenciales o de algún caso debidamente confirmado de Covid-19 en la unidad familiar", según abunda la Junta.
Este régimen acordado de teletrabajo es, según continúa la Consejería de Administración Pública, "más beneficioso para los empleados afectados que el hasta entonces vigente para este supuesto, que contemplaba un máximo del 80% de teletrabajo".
En relación a su aplicación a los diferentes sectores de la Junta de Andalucía, se establece que será en las correspondientes mesas sectoriales y de negociación "donde se analizarán y desarrollarán las particularidades propias de los sectores".
El protocolo, "de aplicación mientras se elabora una legislación específica en materia de teletrabajo y cuyos trabajos ya se han iniciado, identifica las funciones que se consideran susceptibles de trabajo no presencial, con lo cual se gana en seguridad jurídica y en claridad respecto a la situación anterior, limitándose el margen de discrecionalidad existente, lo que redunda en beneficio de los empleados y empleadas públicos", según añade el comunicado de la Junta.
Junto a ello, según continúa la Administración autonómica, "se introdujo la planificación conjunta entre la persona responsable de la unidad y la persona afectada, indicando cuáles son las cuestiones que deben abordarse, lo que ordena, clarifica y homogeneiza el régimen de teletrabajo en beneficio de las personas interesadas".
Asimismo, se creó una Comisión de Seguimiento para analizar las incidencias de relevancia derivadas de la aplicación del protocolo, que "extiende su vigencia hasta el fin de la crisis sanitaria", según concluye la Junta.
