SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha defendido la utilidad de la venta de activos, a través de la fórmula de 'sale and leaseback' en momentos de crisis para sostener los servicios públicos y asevera que la operación de 70 inmuebles bajo esa fórmula "no ha supuesto ningún quebranto para las arcas públicas".
En una nota, la Consejería ha explicado que Andalucía optó por una operación de 'sale and leaseback' "para cuadrar la cuentas, obtener recursos para prestaciones y servicios públicos, mientras otros gobiernos del PP vendieron viviendas protegidas a 'fondos buitre'".
Ha dejado claro, frente al informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que la operación "respetó todas las prerrogativas legales y se hizo a valores de mercados, sin quebrantos para las arcas públicas".
Asimismo, asegura que las condiciones económicas de la operación "fueron sustancialmente mejores que las obtenidas por otras administraciones que también utilizaron la fórmula sale and leaseback'".
Ha explicado que el Gobierno andaluz "optó por la fórmula 'sale and leaseback' como vía de financiación adicional, para mantener la prestación de los servicios públicos a pesar de los recortes aprobados por el Gobierno estatal, de la imposición de una senda de consolidación injusta y la infrafinanciación del modelo de financiación autonómico".
Asimismo, asegura que la operación de enajenación de inmuebles, "permitió a la Junta de Andalucía cerrar el ejercicio 2014 con un déficit y una deuda inferiores al conjunto de las comunidades autónomas, a pesar de recibir 1.079 millones de euros menos del modelo de financiación autonómico, además de contribuir a la reducción del periodo de medio de pago y aportar recursos para la financiación de los servicios y prestaciones públicos".
Esta operación, según la Consejería, "reforzó la credibilidad y solvencia del Gobierno andaluz, al mantener unas cuentas saneadas y cumplir con los ingresos presupuestados", de esta forma, "mientras Andalucía superó los ingresos presupuestados por enajenación de inmuebles, el resto de comunidades no llegó ni al 25 por ciento de ejecución en conjunto".
Asimismo, la Junta ha apuntado que otras comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP --Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid--, "además de aprobar recortes de prestaciones y servicios, privatizaciones y despidos de empleados públicos, optaron por vender viviendas protegidas a 'fondos buitre' que se aseguraron suculentas plusvalías (el precio de compra medio era un tercio del precio de venta protegido) y subieron la renta a los inquilinos hasta desahuciar a muchos ellos, que fueron realojados, posteriormente, en otras viviendas públicas, un negocio redondo para los 'fondos buitre'".
EXPLICACIONES AL INFORME
Ha explicado que la adjudicación de la operación "exigía la desafectación y declaración de alienabilidad de los inmuebles y como reconoce la Cámara de Cuentas en su informe la Secretaría General de Finanzas y Patrimonio emitió, con los preceptivos informes de la Dirección General de Patrimonio y el Gabinete Jurídico, la resolución de desafectación y declaración de alienabilidad el 5 de diciembre de 2014".
Ha dejado claro que "las diferencias relativas a las superficies "no afectaron a la operación de venta, ni podrán originar reclamaciones de la empresa inversora". Estas diferencias entre los distintos registros (Catastro, Registro de la Propiedad e Inventario Autonómico) "son habituales debido al diferente origen de los datos y desfases temporales". Ha añadido que "para evitar posibles reclamaciones posteriores el contrato salvaguarda a la Junta de Andalucía, se ha establecido la transmisión de los inmuebles como cuerpo cierto y el informe de tasación, la medición más reciente, como referente".
Asimismo, asevera que la operación "no ha supuesto ningún quebranto para las arcas públicas", toda vez que el importe de 300 millones "es superior a la tasación realizada por la empresa independiente Tinsa, especializada en estas valoraciones, que estimó un valor de mercado del conjunto de inmuebles de 253,9 millones".
"Como reconoce la propia Cámara de Cuentas, en el registro de la operación hubo un error, simplemente contable, que quedará subsanado en la Cuenta General de 2016", ha aseverado.
Por otra parte, ha explicado que "a la hora de las valoraciones la Cámara no tiene en cuenta aspectos como la reducción de los costes financieros que proporciona la disponibilidad de 300 millones de euros, de considerarse, solo este hecho, supondría un flujo positivo que mejoría notablemente los resultados económicos de la operación calculados por la Cámara".
Además, apunta que "cuando compara los detalles económicos de la operación con otras similares realizadas por otras comunidades (Madrid y Cataluña) podemos apreciar que en Andalucía hemos conseguido mejores condiciones, pues el tipo mínimo de actualización de la renta, el 1,5 por ciento, es la mitad que el ofrecido por la mayoría de las ofertas recibidas, además de estar muy por debajo de la variación media del IPC en el periodo inmediatamente anterior (2002-2013)".
"Actualmente vivimos una situación anormal de tipos de interés y de inflación bajos, que difícilmente se mantenga en el medio/largo plazo", ha recordado la Junta, quien precisa que la Generalitat catalana "cerró una primera operación de 'sale and leaseback' con una rebaja del 22 por ciento del importe de los inmuebles y una rentabilidad bruta del inversor superior en 1,5 puntos porcentuales a la realizada por la Junta, mientras que la Comunidad de Madrid puso en marcha una operación de 'sale and leaseback' con seis edificios de los cuales sólo consiguió adjudicar dos, mientras que los no adjudicados en la primera ocasión tampoco lo han sido en una segunda ronda, pese a haberle rebajado el precio un 15 por ciento".
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