SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno andaluz prevé destinar 100 millones como dotación presupuestaria del Decreto-ley 4/2022 para la revisión de precios de obras públicas, que aprobó el Consejo de Gobierno el 12 de abril, al tiempo que espera su inminente convalidación en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, órgano que asume las competencias de la Cámara autonómica tras la disolución de ésta por la convocatoria de elecciones para el 19 de junio.
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha trasladado estas previsiones en una atención a los medios de comunicación durante su asistencia a una jornada técnica sobre la revisión de los precios de las obras públicas organizada por la Asociación de Constructores y Promotores (Gaesco).
Carazo ha explicado que el decreto 4/2022 "puede alcanzar una cuantía de 100 millones de euros" tras dar cuenta de que es "un decreto que afecta a todo tipo de obras", entre los que ha mencionado la construcción de colegios, hospitales o centros de salud, y reprochar al Estado que "se olvidó de los ayuntamientos, de las obras iniciadas en 2021", por cuanto la normativa andaluza es complementaria, a su vez, del Real Decreto-Ley 3/2022 del Estado, enfocado también a la cobertura de los incrementos de precios.
El 12 de abril el Gobierno andaluz cuantificó inicialmente en 59 millones de euros la repercusión del decreto-ley 4/2022, aunque limitado a las cuentas de la Consejería de Fomento, una cantidad sujeta a una evaluación al alza por afectar a diferentes departamentos, entre ellos, Salud y Educación.
La consejera de Fomento ha defendido la iniciativa del Gobierno por considerar que dará cobertura "no solo a las obras que impulsa el Gobierno andaluz, sino a ayuntamientos, diputaciones, universidades", para subrayar que el Ejecutivo autonómico "da este paso de la mano del sector" y sostener que "el decreto del Estado llegó tarde y es insuficiente", al tiempo que ha sostenido que la pretensión del Gobierno andaluz es que "no se pare ni una sola obra pública en Andalucía".
"Mantener el empleo en este sector es crucial en un momento de recuperación", ha argumentado Carazo, quien ha alentado a la actividad de la construcción a que "nos tiene que seguir ayudando a salir de la crisis", mientras que ha expresado su deseo de que la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía "será en días para poder aprobar este decreto".
Carazo ha explicado que el Decreto-ley 4/2022 de revisión de precios de la obra pública afronta dos supuestos: la falta de abastecimiento de materiales y el impacto de la inflación.
La Junta de Andalucía prevé "poder cambiar materiales ante su ausencia o la llegada tardía, siempre que no se baje la calidad", por lo que Carazo ha considerado que "no se puede penalizar a las empresas por un contexto internacional", agravado por la guerra de Ucrania tras la invasión de Rusia, al tiempo que ha puesto de manifiesto la contribución del decreto porque "evitamos posibles reclamaciones de las empresas que tenemos que abonar las administraciones", mientras que ha abogado por "tener garantías y la seguridad de los proyectos iniciados".
LAS MEDIDAS DE LA JUNTA
El Gobierno andaluz trasladó el 12 de abril que su decreto ampliaba las obras con derecho a revisión de sus precios con todo tipo de materiales empleados, además de los cuatro del decreto estatal (bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre) y ha abierto la puerta a la adhesión al decreto de las entidades locales y las universidades.
El Ejecutivo autonómico ha estimado que el alza de los precios se moverá en una horquilla entre el 10% y el 20%, tope máximo que establece el Estado para la revisión de los precios.
El Gobierno andaluz ha explicado que el sobrecoste se pagará en la certificación final de la obra y que su impacto en los presupuestos andaluces se reflejará en diferentes años.
LAS DUDAS DEL GABINETE JURÍDICO
El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ha puesto de manifiesto sus "dudas" sobre la constitucionalidad del Decreto-ley 4/2022.
El equipo jurídico que asesora al Gobierno andaluz pone de manifiesto en su informe al Decreto-ley 4/2022 que "albergamos dudas relativas a la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la hora de aprobar normas con rango de ley que puedan no respetar, o sobrepasar, la legislación básica del Estado en la materia que nos ocupa".
La conclusión a la que llega el equipo jurídico autonómico es que "la incorporación de algunas de las medidas señaladas puede suscitar dudas sobre la constitucionalidad del borrador de decreto-ley".
Los juristas autonómicos esgrimen, en el texto al que ha accedido Europa Press, que "desde el punto de vista de la adecuación de la figura del decreto-ley a los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos, debería llevarse a cabo en el preámbulo del decreto-ley la justificación de la adecuación de las medidas en él previstas para hacer frente al aumento del precio de las materias primas".
El Gabinete Jurídico plantea que "si bien los principios básicos de la contratación pública están enderezados a la libre competencia de los posibles licitadores, las medidas que nos ocupan pueden generar un trato muy distinto a los diferentes contratistas en función de cuáles sean las comunidades autónomas que les hayan adjudicado los contratos".
"Se trata de una cuestión cuyo conocimiento privativo correspondería, en su caso, al Tribunal Constitucional", sostienen los juristas de la Junta de Andalucía en su razonamiento, para concluir que "lo cierto y verdad es que el Tribunal Constitucional no ha dictado sentencia alguna sobre la concreta materia de la revisión de precios que nos pueda arrojar luz suficiente para poder calibrar qué es básico y qué no lo es en esta materia".
