SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno andaluz trabaja en ahondar en la evaluación de la rentabilidad financiera, económica y la sostenibilidad de los proyectos de colaboración público-privada, tareas de supervisión que ejecuta a través de la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera, creada en 2017 bajo el decreto 168/2017.
La Consejería de Hacienda y Financiación Europea desarrolla aspectos del Decreto 168/2017 a través del borrador de una Orden que aboga por examinar los tres parámetros antes descritos y cuyo plazo de alegaciones permanece abierto hasta el día 18 de este mes.
Desde la perspectiva de la sostenibilidad financiera, la Junta de Andalucía pretende examinar "el análisis de los compromisos de gasto público que se genera a lo largo de la vida del contrato y la capacidad de financiarlos por la entidad proponente dentro de los límites del Presupuesto, considerando además el impacto en los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en su caso, los límites que puedan establecerse a los compromisos de gasto futuros derivados de inversiones por sistemas de colaboración público-privados".
Para calibrar la sostenibilidad financiera, según el texto consultado por Europa Press, el Gobierno andaluz estima que la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera podrá solicitar informes adicionales a la Dirección General de Presupuestos y a la Intervención General de la Junta de Andalucía para determinar "el efecto consecuente sobre el déficit y deuda de la Comunidad Autónoma".
En la sostenibilidad del proyecto se examinarán aspectos como "la fórmula contractual propuesta, las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del contrato de concesión u otro de colaboración público-privada frente a otros tipos contractuales", además de "los análisis de sensibilidad y de riesgos del proyecto".
RIESGO DE CONSTRUCCIÓN, DE DEMANDA Y DE DISPONIBILIDAD
La Junta considera que "la evaluación de riesgos" debe incluir "una lista de los riesgos", así como "una matriz de riesgos", con una referencia a "los efectos negativos generados sobre el proyecto, los grados de probabilidad de que se produzca un efecto y su gravedad o impacto, así como la distribución de riesgos entre el concesionario o socio privado y la entidad contratante o Administración", además de la "identificación de medidas de prevención y mitigación".
"Al menos deberán estudiarse el riesgo de construcción, el riesgo de demanda y el riesgo de disponibilidad", prosigue afirmando el borrador de la Orden de la Consejería de Hacienda.
En el caso de la rentabilidad financiera, los planes del Gobierno andaluz se encaminan a analizar "la viabilidad financiera del proyecto tanto desde el punto de vista de la inversión, como desde la perspectiva del capital privado o público que se aporte para financiar la operación" de manera que aborde si "los ingresos netos del proyecto pueden amortizar la inversión, independientemente de las fuentes de financiación", y si "los ingresos globales netos del proyecto son capaces de amortizar la inversión y los recursos financieros tanto privados como públicos".
De forma concreta, el Gobierno andaluz se plantea "cuando existan aportaciones públicas", en distintas modalidades, si "la rentabilidad del proyecto obtenida en función del valor de la inversión, las ayudas otorgadas, los flujos de caja esperados y la tasa de descuento establecida es razonable en atención al riesgo de demanda que asuma la persona o entidad concesionaria u operador económico".
LA TRANSFERENCIA DEL RIESGO
En este ámbito de la rentabilidad financiera la Junta de Andalucía pretende escudriñar también aspectos como "la transferencia del riesgo de demanda a la persona o entidad concesionaria en los contratos de concesión de obra en los que el abono de la tarifa concesional se realice por el poder adjudicador", para que si "la concesionaria no asume completamente dicho riesgo, los informes evaluarán la razonabilidad de la rentabilidad".
En el parámetro de la rentabilidad económica la Junta de Andalucía examinará "el grado de retorno de la inversión desde un punto de vista económico-social", a través de evaluar "los costes y beneficios directos e indirectos para todos los agentes".
"Asimismo, se considerarán los impactos socioeconómicos y ambientales, como los efectos sobre el empleo, la actividad económica, la salud de la población, el medio ambiente, el cambio climático y sobre la igualdad de género, entre otros", prosigue considerando el Gobierno autonómico en la futura Orden de desarrollo de la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera.
"Cuando los costes y beneficios sociales sean muy difíciles de cuantificar, se realizará un análisis coste-eficacia o un análisis cualitativo del proyecto", argumenta la Consejería de Hacienda, que considera que "cuando no existan aportaciones públicas a la construcción o a la explotación del activo, ni medidas de apoyo a la financiación del proyecto, se efectuará al menos un análisis coste-eficacia o un análisis cualitativo de los efectos socioeconómicos del proyecto".
LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
En el borrador de la Orden la Junta describe los proyectos colaboración público-privada como "los proyectos de inversión ejecutados a través de fórmulas que impliquen inversiones reales y se formalicen por cualquier órgano de la Administración de la Junta de Andalucía o entidad del sector público andaluz".
Entre esas fórmulas se contempla el contrato de concesión de obras, de concesión de servicios, contrato mixto, el sistema de abono total del precio, el contrato de cesión de derecho de superficie para construir edificios u otros activos con arrendamiento, los contratos de concesión de obras o de servicios a sociedades de economía mixta o cualquier otro contrato de carácter complejo que tenga una duración superior a 10 años.
"Quedan excluidas del ámbito de las inversiones mediante fórmulas de colaboración público-privadas y, por tanto, de informe de la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera tanto las concesiones, como las autorizaciones demaniales, así como las operaciones de colaboración público-privadas no incluidas expresamente en los apartados anteriores", señala el borrador de la Orden de la Consejería de Hacienda.
