La Junta convocará este mes nuevas ayudas para centros especiales de empleo con más de 50 millones y que tendrán en cuenta "las peticiones del sector"
SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha reconocido que "no son muchas las empresas de inserción" beneficiadas por las órdenes de ayudas dirigidas a atender y mejorar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión, por lo que ha anunciado que oirá sus demandas y adaptará las próximas convocatorias a esas demandas para lograr gastar la totalidad de fondos finalistas destinados a estas ayudas.
Asimismo, el consejero ha anunciado en comisión parlamentaria la próxima convocatoria este mes de febrero de nuevas ayudas para los centros especiales de empleo, que tendrán una cuantía de más de 50 millones. Así, el consejero ha anunciado que en este mes está previsto que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una nueva convocatoria de ayudas para los centros especiales de empleo, que superará un gasto público de 50 millones y dará continuidad a los incentivos de los dos últimos años.
Los centros especiales de empleo son empresas que cuentan con una plantilla compuesta como mínimo por un 70 por ciento de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento, y que pueden acceder a siete líneas de incentivos económicos distintos, entre los que están desde ayudas a la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad, hasta ayudas al mantenimiento de puestos ocupados por discapacitados o inversión para adaptación de puestos y la eliminación de barreras arquitectónicas.
Javier Carnero ha explicado que la convocatoria de ayudas de 2017 ha contado con un presupuesto de 55,47 millones de euros, y que desde 2016 el programa de incentivos ha permitido crear y mantener 24.540 empleos del colectivo.
Ha indicado que la convocatoria de febrero "tendrá en cuenta las demandas del sector", con la idea de "tratar de aumentar el número de beneficiarios". "Lo que todos queremos es que esos fondos sean verdaderamente gastados", ha añadido.
El mismo criterio se aplicará para las siguientes órdenes de incentivos para empresas de inserción y demás entidades que ayudas a personas en situación de exclusión social, de forma que "vamos a ir de la mano de estas empresas para que las órdenes sean un éxito". Para ello, se han reunido con estos colectivos "y tomaremos en consideración sus demandas".
Carnero ha reconocido que en las órdenes de ayudas a empresas de inserción "no son muchas las empresas de inserción beneficiadas", debido a que "no cumplían los requisitos para ser beneficiarias". "Podían haber sido más pero no cumplían requisitos", ha aseverado Carnero, quien ha dejado claro que "la Junta apuesta por las empresas de inserción, que son herramientas útiles".
En su comparecencia, el consejero ha informado de los distintos programas que tiene en marcha su consejería destinados a favorecer la integración laboral de personas en riesgo de exclusión, unas actuaciones que en conjunto han supuesto una inversión de más de 69 millones y están beneficiando a más de 31.000 desempleados.
Carnero ha explicado que es un objetivo "primordial" de la Junta facilitar la entrada en el mercado laboral de esos colectivos, y que esta labor se desarrolla a través de programas como las ayudas a empresas de inserción, a centros especiales de empleo o mediante el programa de acciones experimentales.
En cuanto a las empresas de inserción, el consejero ha detallado la última convocatoria, a la que se han acogido 12 de las 35 entidades que están registradas bajo esta figura empresarial, que han recibido 1,9 millones de euros en distintos incentivos. Las empresas de inserción son aquellas entidades, sociedades mercantiles o cooperativas que realizan una actividad o prestación de servicios con el fin de integrar y formar sociolaboralmente a personas en situación de exclusión social, un sector que da empleo a unas 500 personas.
Entre los colectivos en riesgo de exclusión se encuentran los perceptores de rentas mínimas de inserción; jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores; personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos en rehabilitación o reinserción social; internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo en régimen abierto, así como liberados condicionales y exreclusos.
Carnero ha recordado que el programa de ayudas recoge desde incentivos destinados a financiar la inversión en inmovilizado para la creación de puestos de trabajo para personas en situación de exclusión social.
También se incluye un incentivo al mantenimiento de contratos de las personas en situación de exclusión social que desarrollen un itinerario personalizado que las capacite para su inserción en la empresa ordinaria.
Por último, se establece una ayuda para la contratación o mantenimiento de personal técnico encargado de tutorizar estos itinerarios personalizados de inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión contratadas por empresas de inserción. Se subvencionará el cien por cien de los costes salariales derivado de la contratación de estos técnicos.
ACCIONES EXPERIMENTALES
Por último, el consejero se ha referido al programa de Acciones Experimentales de Empleo, cuyo objetivo en favorecer la inserción de desempleados con especiales dificultades de acceso al mercado laboral a través de planes que incluyen orientación laboral, formación, asesoramiento y prácticas.
En concreto, este programa ha contado con un presupuesto de 12 millones y ha beneficiado a 6.432 parados, de los que el 40 por ciento (2.600) han encontrado un empleo.
POCAS AYUDAS ADJUDICADAS
El diputado de Podemos, Jesús Romero, ha apuntado una serie de datos "preocupantes" sobre las cantidades adjudicadas en diversas convocatorias de ayudas en 2014 en las diversas lineas, de forma que "se adjudicaron 193.500 euros, cuando la convocatoria inicial alcanzaba los 1,7 millones en dos anualidades".
El diputado, que reconoce que no se adjudicaron cantidades porque las empresas y entidades "no cumplías los requisitos", cree que "habrá que analizar qué está fallando, pues con la población y las empresas que existen en ese campo, no
no es normal que falten requisitos y no se ejecuten el cien por cien".
A su juicio, "estamos en una situación calamitosa y alarmante respecto al riesgo de exclusión social que existe en Andalucía".
Ha precisado que en la convocatoria de 2017 "el importe total de las líneas ascendió a 183.000 euros adjudicados, cuando las anualidades 2017-2018 ascendían a 1,9 millones", de manera que "no se justifican los motivos por los que se adjudica tan bajo porcentaje".
Romero ha recordado que en Andalucía "recibimos fondos finalistas del Estado que si no te lo gastas debemos reintegrarlos, no es comprensible que se reintegren fondos tan importantes como los de personas en riesgos de exclusión social".
Ha lamentado que la situación sea "recurrente" y que también ocurra como en las becas Adriano de educación donde "no llega al 20 por ciento el dinero que se adjudica y hay que devolver dinero".
"Si los requisitos no se cumplen desde 2014, debemos preguntarnos el porqué", ha aseverado Romero, quien ha preguntado sobre "qué se ha hablado con los colectivos, cómo se puede mejorar" y ha preguntado "por qué no se ha intentado corregir, cuando había amplias diferencias entre el dinero disponible y el adjudicado, y encima recaemos una u otra vez en lo mismo".
Ha aseverado que "en 2014 devolvimos muchísimo dinero y llegamos a 2017 y estamos en las mismas circunstancias, por lo que algo se ha hecho mal para que en 2017 devolvemos esa gran cantidad de fondos al Estado, cuando nuestra situación real no nos permite esa devolución".
