Junta pide regular inversiones del Estado y penalizar por incumplir reglas fiscales en su documento sobre financiación

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz aboga por regular las inversiones del Estado en las comunidades autónomas, así como por penalizar a las regiones incumplidoras de las llamadas reglas fiscales, como son el déficit, la deuda pública y la regla de gasto.

Estas propuestas se contienen en el documento de 40 páginas que ha elaborado el Gobierno andaluz con sus aportaciones a la propuesta del Ministerio de Hacienda acerca del peso de la variable población ajustada para el reparto de los recursos del modelo de financiación de las comunidades.

El documento lo ha hecho público este martes el Gobierno andaluz, una vez que este lunes concluyó el plazo que dio el Ministerio de Hacienda para que los Ejecutivos autonómicos hicieran sus aportaciones al rediseño de la variable población ajustada, que asegura lo ha entregado a los grupos del Parlamento de Andalucía.

El Gobierno andaluz considera que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) debería abordar las inversiones estatales aun cuando "no afecta directamente al sistema de financiación autonómica, pero que tiene un impacto directo en el PIB de las comunidades".

"Sería aconsejable establecer unos mecanismos objetivos y transparentes de distribución de las inversiones entre las distintas comunidades", indica el documento de la Junta de Andalucía, que apunta debería hacer extensivo hacia "la distribución de los fondos de la Unión Europea".

Además de esta iniciativa, el Gobierno andaluz propone en su documento "mecanismos de penalización y/o de premios para las comunidades autónomas en función de si cumplen o no con las reglas fiscales", posición que considera ayudaría a "avanzar en la aplicación de criterios de eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos".

Entre otras aportaciones, el Ejecutivo andaluz vuelve a plantear la exigencia de crear "un Fondo transitorio para comunidades autónomas infrafinanciadas en tanto se apruebe el nuevo sistema de financiación", mientras que reprocha al Gobierno haber recurrido exclusivamente a la variable población ajustada, de manera que "en absoluto se puede considerar como un documento de reforma del sistema de financiación".

En este sentido, la Junta de Andalucía estima que "hace falta un documento global que analice las líneas maestras de la reforma del sistema de financiación autonómica", de manera que echa en falta abordar parámetros como "la suficiencia financiera, la equidad vertical/horizontal, los recursos adicionales que se aportan al sistema, el statu quo, los mecanismos de financiación de las necesidades de gasto, los recursos tributarios, la estructura de Fondos y la suficiencia dinámica".

La Junta de Adalucía sostiene, a modo de gran conclusión, que el documento del Ministerio de Hacienda "genera incertidumbre ante el papel que va a desempeñar la población ajustada", por cuanto ignora su protagonismo futuro en el diseño del modelo de financiación de manera que sea "uno más de los criterios de reparto que el actual sistema contempla dentro de una compleja estructura de fondos", o si "por el contrario, la población ajustada que se acuerde va a constituir el único criterio de reparto, atendiendo a una estructura de fondos más sencilla y transparente".

EL PESO DE LA POBLACIÓN EN SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

El Gobierno andaluz pone de manifiesto, sobre el peso de la población ajustada en la cobertura del gasto en sanidad, que "la actualización de esta metodología, aun cuando arroja para Andalucía una disminución de la población protegida equivalente respecto a la actual, se considera coherente con la desarrollada en su día por el Grupo de Trabajo, si bien esta actualización ha quedado subsumida en el propio documento del Ministerio, sin el detalle y la transparencia de los anteriores informes".

Para la financiación del gasto en educación, indica el Gobierno andaluz que "desde la Comunidad Autónoma de Andalucía se sigue el criterio establecido por la Constitución Española y, por tanto, se utilizaría, para la educación no universitaria, la población empadronada, a la que se añadiría el número de alumnos que cursa algún ciclo formativo de grado superior en centros tanto públicos como concertados y, para la educación universitaria, el número de alumnos matriculados en cursos de grado y máster en centros públicos presenciales".

En el caso de los servicios sociales, la Comunidad Autónoma argumenta que "la metodología idónea sería tener en cuenta, por una parte, la población (a partir de 3 años) en cuatro tramos, ponderada por la probabilidad relativa media para el conjunto nacional de sufrir alguna discapacidad y ser beneficiario del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y, por otra parte, la población en riesgo de pobreza y exclusión social según el indicador AROPE".

Sobre la ponderación de ambas poblaciones dentro del bloque de servicios sociales, la Junta de Andalucía considera que "si el gasto en pobreza y exclusión social representa en torno al 18%-20% del gasto autonómico en prestaciones sociales, la horquilla debería estar precisamente entre estos dos valores y nunca por debajo del 18%".

En el caso de la financiación del resto de servicios sociales, la Junta de Andalucía se declara "de acuerdo con adoptar la población de Padrón como variable representativa de necesidades para este tipo de servicios", aunque advierte de "la alarmante reducción propuesta para la ponderación asignada a esta variable, que pasa del 30% actual a una horquilla propuesta de 18-22%".

LA JUNTA DESECHA LA DESPOBLACIÓN ENTRE VARIABLES CORRECTIVAS

En el caso de las llamadas variables correctivas del modelo de financiación, entre las que se incluyen la superficie, la despoblación, la dispersión y la insularidad, la Junta de Andalucía se declara partidaria de "mantener las ya existentes, si acaso con una variación
positiva de la superficie, a costa de la dispersión, toda vez que, según el propio documento, el componente territorial de la dispersión ya está incluido en la superficie".

"Desechar, por el mismo motivo, la despoblación y no considerar la
variable relativa a costes fijos, rechazando, en cualquier caso, opciones que excluyan a alguna Comunidad Autónoma. Mantener el conjunto de las ponderaciones en un 3%", afirma el Gobierno andaluz en su documento.