SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha remitido al aprobado Plan de Ordenación de Regadíos en la Corona Norte Forestal de Doñana como el marco en el cual la administración lucha para combatir las balsas y pozos --de los cuales la asociación conservacionista WWF asegura haber detectado hasta 1.700-- ilegales en el espacio natural.
En respuesta a una pregunta del Grupo de Podemos en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz, el consejero del ramo, José Fiscal, ha subrayado lo "fructífero" de la reunión mantenida con esta asociación el pasado miércoles, con la presencia de la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz.
En dicho encuentro, la asociación expuso "preocupaciones" referentes a un problema "complejo y de muy difícil generalización", frente a lo cual, no obstante, la Consejería actúa como con cualquier espacio en el que se "atañe a la conservación y al buen estado, más aún con un lugar tan especial como Doñana".
Y es que el plan, recuerda, ha logrado "tras mucho esfuerzo" el apoyo mayoritario de los agentes implicados. "WWF lo reconoce como un plan efectivo", manifiesta, añadiendo que el compromiso de la Junta alcanza la agilización del cumplimiento para determinar cuáles de estas infraestructuras se pueden normalizar y cuáles no.
Por su parte, la parlamentaria morada Mercedes Barranco espera que se agilicen los trámites para cerrar las balsas ilegales y reclama que se restaura la realidad física alterada, criticando que las administraciones hayan estado mirando "para otro lado" durante muchos años en lo que ha denominado "robo del agua".
Barranco también ha elevado una cuestión a la Consejería en la que interroga a este departamento por las medidas que emprenderá para evitar riesgos sísmicos vinculados al proyecto de extracción y almacenamiento de gas natural en Doñana, habida cuenta de que la zona elegida para el almacén "no es la más idónea".
De esta manera, Fiscal, ha tildado de "insuficientes" los informes justificatorios presentados al respecto y sigue reclamando la evaluación conjunta de los cuatro subproyectos, al tiempo que ha recordado que se desplazará a Bruselas para que Europa obligue al Gobierno de la Nación, con competencias directas, a evaluar el proyecto en su conjunto y conocer con más detalles esta cuestión "que hace que estemos absolutamente en contra de este proyecto".
