BAENA (CÓRDOBA), 12 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Baena (Córdoba) ha decretado, por segunda vez en dos años, el archivo del caso del urbanismo de Baena, que ya dio por cerrado en julio de 2009, pero que la Audiencia Provincial de Córdoba rechazó, ante el recurso que en tal sentido presentó la acusación popular, que ejerce la exedil de IU en Baena María Jesús Muñoz.
Ahora, según han explicado a Europa Press fuentes cercanas al caso, el juzgado baenense no se ha limitado a "motivar suficientemente" el auto de archivo, como le reclamó la Audiencia cordobesa hace dos años, sino que ha emitido un nuevo auto de archivo como resultado de dos años de nueva instrucción.
Así, el Juzgado de Baena, a raíz de la resolución de la Audiencia, acordó la práctica de nuevas diligencias, entre ellas varias pruebas testificales, tomando declaración, entre otros, a vecinos de la localidad, a funcionarios municipales, a la entonces edil de Urbanismo y hoy alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano (PSOE), y a exconcejales socialistas imputados en este procedimiento, cuya instrucción inicial fue abierta por el juzgado baenense tras las denuncias presentadas, en julio de 2007, por el exalcalde comunista de Baena y promotor, Carlos Arenas, por su esposa y exedil de IU, María Jesús Muñoz, y por el exvigilante de obras Manuel Luque.
En el nuevo auto de archivo se justifica tal decisión alegando, como en el auto de hace dos años, que no existe indicio de infracción penal en la actuación de los imputados y que pudiera ser constitutiva de los delitos contra la ordenación del territorio, de prevaricación urbanística y de omisión del deber de perseguir delitos, cuya presunta comisión se achaca por la acusación popular a los exconcejales socialistas José Calvo, Fernando Mora, Alberto Sánchez, Cristóbal Tarifa y Vicente Mejías.
En cuanto a los 17 vecinos de Baena a los que investigó el juzgado por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio, en relación con más de 20 construcciones que supuestamente levantaron en suelo rústico y en zonas de especial protección agrícola, entre los años 2002 y 2005, el juzgado entiende que las presuntas infracciones penales que hubieran podido cometer han prescrito y, por tanto, se impone el sobreseimiento y archivo de la causa.
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