JAÉN, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén tiene previsto juzgar este lunes a un hombre, identificado como J.M.S.P., al que la Fiscalía atribuye un presunto delito de apropiación indebida que habría cometido al quedarse con el dinero de la venta de una vivienda sin liquidar la hipoteca que gravaba a ésta y que se había comprometido a cancelar.
Según el relato de los hechos del Ministerio Fiscal, consultado por Europa Press, los hechos se remontan a 2005, cuando desde una notaría de Linares se otorgó la escritura pública de compraventa de una vivienda de La Carolina (Jaén) entre el acusado, como parte vendedora, y una pareja formada por A.M.V. y M.C.D. como parte compradora, que adquirían el piso para que fuera su vivienda habitual.
En dicha escritura, según añade el fiscal, la parte vendedora, es decir, el acusado, se comprometía a cancelar a su costa, "con simultaneidad" a dicho otorgamiento y "jurídicamente lo antes posible", la hipoteca que gravaba la finca vendida, que en ese momento ascendía a una cantidad total de 120.171,78 euros a favor de una entidad bancaria.
Sin embargo, el procesado, "con ánimo de obtener un beneficio económico injusto" y pese a ser "conocedor de dicha obligación" y haber recibido por parte de los compradores "la totalidad del precio estipulado para la compra de la mencionada vivienda" --una suma de 178.124 euros--, "se apropió del mismo, no cancelando la referida hipoteca y destinando el dinero recibido a fines distintos".
Según precisa la Fiscalía, a 15 de julio de 2013 subsistía una hipoteca sobre la vivienda en cuestión a favor de la entidad bancaria de la que aún quedaba por amortizar un capital de 106.054,47 euros, y un capital vencido y no pagado de 1.886,50 euros correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2013, "causando con ello el consiguiente perjuicio económico a los perjudicados por el posible procedimiento de ejecución hipotecaria".
El Ministerio Público considera que estos hechos constituyen un delito de apropiación indebida por el que pide una pena de cinco años de prisión para el acusado, condena fijada "atendiendo al valor de la defraudación", así como la imposición de una multa diaria de diez euros durante 18 meses.
De igual forma, la Fiscalía interesa que, en concepto de responsabilidad civil, el encartado cancele "la totalidad de la hipoteca" que grava la vivienda vendida.
