Archivo - Real Chancillería de Granada, sede de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS/ARCHIVO
GRANADA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Granada ha fijado para febrero de 2027 el juicio contra el que fuera secretario general del Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPLG) entre 2015 y 2021 por presuntamente apropiarse de 72.082 euros de los cuotas de los afiliados de este y de otro sindicato policial con sede en Granada. Se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de cárcel.
Este caso fue el germen de la causa en la que se investigan supuestos amaños en varias oposiciones de la Policía Local de Granada y otros municipios de la provincia, donde hay ya medio centenar de investigados.
Durante la instrucción, el acusado alegó que esta denuncia era una maniobra para silenciarle y ocultar las supuestas trampas en los exámenes, lo que derivó en otra investigación que dio origen a la macrocausa por fraude en las oposiciones.
La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para este agente por un delito de apropiación indebida por presuntamente hacerse con estos más de 72.000 euros de las cuotas sindicales y el caso será juzgado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el 16 y 17 de febrero del año que viene, según consta en un reciente auto al que ha tenido acceso Europa Press.
La defensa del agente había solicitado suspender el juicio después de no haber obtenido respuesta a la aportación de un audio que la UDEF había puesto a disposición del juzgado que investiga el fraude en las oposiciones a Policía Local.
Según esta parte, el audio contendría conversaciones entre miembros de los sindicatos que ejercen la acusación particular en este caso donde se vendría a afirmar que "todos los pagos y extracciones en cuenta estarían justificados, manteniendo, por tanto, una conducta contraria a la que tienen en el presente procedimiento donde imputan al acusado un delito de apropiación indebida".
El tribunal sostiene que el audio será objeto de valoración, así como las circunstancias de su aportación en el presente procedimiento, y que el juicio ha de celebrarse.
Los sindicatos que ejercen la acusación --SIPLG y Unión de Sindicatos de Policía Local y Bomberos de España-- justifican la denuncia en su conocimiento de un hecho delictivo y la desvinculan del tema de las oposiciones.
ACUSACIÓN FISCAL
En el momento de los hechos, este agente era secretario general del SIPLG y también de la Unión de Sindicatos de Policía Local y Bomberos de España (USPLBE), y estaba facultado para abrir o cancelar cuentas bancarias, así como para disponer de los fondos y cuotas abonadas por los afiliados.
En ambos casos, el dinero estaba depositado en distintas cuentas que además tenían tarjetas de crédito expedidas a nombre del agente.
La Fiscalía le acusa de haber "aprovechado el cargo que ocupaba" durante los años 2019 y 2020" para disponer "en su propio beneficio" de fondos de ambas organizaciones "destinándolos a fines ajenos a la actividad sindical e incorporándolos a su propio patrimonio con el consiguiente perjuicio para los sindicatos".
De las cuentas del SIPLG presuntamente se quedó con 33.327 euros a través de "numerosas retiradas de dinero en efectivo", "tanto en ventanilla" de oficinas bancarias como haciendo "uso de la tarjeta de crédito".
La Fiscalía también cree que emitió cheques al portador que "él mismo cobraba", según consta en el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.
En relación a la Unión de Sindicatos de Policía Local y Bomberos de España, presuntamente "realizó numerosas retiradas de dinero en efectivo en ventanilla" durante 2019 y 2020 por un montante total de 38.755 euros.
Tras reconocer en 2020 ante el secretario de Organización del SIPLG "haber dispuesto de fondos de los sindicatos en su beneficio", el agente reintegró 6.150 euros.
Además de la pena de cuatro años de prisión, la Fiscalía pide que sea condenado al pago de una multa de 2.700 euros y que indemnice al SIPLG en 33.327 euros y a la Unión de Sindicatos de Policía Local y Bomberos de España en 38.755 euros.