Maeztu exige a la Junta medidas para resolver en los dos meses fijados por ley las solicitudes de la renta mínima

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha emitido una resolución dirigida a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en la que pide que se adopten medidas "para resolver en el tiempo fijado" --dos meses según el artículo 32.2 del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre-- las solicitudes de la renta mínima de inserción en Andalucía (RMI).

Así, la institución pide que, previo análisis y valoración de la situación, "se adopten conclusiones acerca de los medios personales y, en su caso, de otra índole, que resultan imprescindibles para permitir que se resuelva el procedimiento para conceder la RMI en los dos meses establecidos, acordando en consecuencia los refuerzos, incrementos y medidas que procedan".

Esta resolución viene a partir de la queja de oficio iniciada el pasado mayo, y recogida por Europa Press, para conocer cómo se está desarrollando la renta mínima de inserción, después de que la institución recibiera un número importante de quejas de ciudadanos manifestando su "desesperación" ante las "dilaciones" en la tramitación, ya que habiendo formulado sus solicitudes en los primeros meses de 2018 "aún no sabían nada de las mismas".

De este modo, en la presenta resolución, el Defensor del Pueblo Andaluz promueve que se adopten medidas para la formación de los servicios sociales comunitarios y "así mejorar los instrumentos a su disposición para resolver de forma ágil las posibles dudas planteadas en cada solicitud en particular y suplir las deficiencias o lagunas de conocimiento en general".

Esta institución considera "que, ante los déficits de información, asesoramiento y atención a la ciudadanía, únicamente una información y asesoramiento adecuados permiten un correcto ejercicio de los derechos".

Asimismo, el Defensor insta a que "se corrijan las disfunciones en la aplicación del este decreto ley y de las reglas de su procedimiento administrativo". En particular, se refiere a la "acumulación o inadmisión" de solicitudes sucesivas de un mismo solicitante, con el fin de garantizar prácticas homogéneas.

En todo caso, subraya Maeztu, "es preciso que la Administración complete los modelos de inadmisión por esta causa y advierta al interesado de su derecho a desistir de la petición anterior en curso para formalizar una nueva".

Por último, el Defensor recomienda que la Administración se pronuncie sobre las medidas que hayan de acometerse "para evitar que las resoluciones desestimatorias del derecho recaídas en mora de la Administración, hagan al interesado cargar con consecuencias desfavorables, imputables a su falta de diligencia".

Para Maeztu, "deben corregirse especialmente aquellas denegaciones fundadas en no haber mantenido el solicitante determinados requisitos durante el tiempo de la tramitación de la prestación, ya que la norma establece que los requisitos se cumplan en el momento de presentación de la solicitud, durante todo el proceso de tramitación y que se mantengan mientras se esté percibiendo".

Sin embargo, precisa que este precepto ha dado lugar a situaciones "injustas", ya que el expediente administrativo "tarda en ser resuelto una media de ocho meses, en cuyo transcurso son muy diversas las situaciones personales y laborales que puede atravesar una familia en situación de necesidad".