SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha defendido este miércoles que la sentencia del Tribunal Constitucional "asienta y respeta la capacidad del Estado de regular los precios de alquileres e intervenir en el mercado de la vivienda para contener esos precios", en su interpretación del fallo conocido este martes sobre la declaración de inconstitucionalidad y la consiguiente nulidad de un articulo y parte de otro de la Ley 12/2023 del derecho a la vivienda, normativa estatal que recurrió la Junta de Andalucía.
Ha ironizado en rueda de prensa sobre "la grandísima victoria" del PP en el Tribunal Constitucional, así como sobre "el júbilo" del Partido Popular tras haber logrado un éxito jurídico sobre dos apartados de la normativa estatal.
Esa reacción la ha contrapuesto a idéntico resultado que logró su grupo parlamentario con el recurso sobre la Ley de Impulso para la Sostenibilidad Territorial de Andalucía (LISTA) y que entonces la Junta minimizó su impacto.
La también dirigente de Izquierda Unida, con la cautela a la espera de poder leer la sentencia más allá de la difusión del fallo, ha sostenido que el pronunciamiento del Constitucional preserva la capacidad de la Administración del Estado para la declaración de las zonas tensionadas por el alquiler turístico, al tiempo que ha recordado la competencia de las comunidades autónomas en este punto.
Ha planteado la paradoja de que "una ley que no se aplica en Andalucía por voluntad del Partido Popular" sea, a su vez, la responsable del encarecimiento del precio de la vivienda, comportamiento del que ha indicado que "no se puede ser menos honesto, menos resolvente y menos serio", antes de recriminar al PP que "está entregado a los grandes fondos, a los grandes tenedores" propiciando "el muy lucrativo negocio de la vivienda turística".
Nieto ha esgrimido "la hoja de resultado lesiva" que presenta el Gobierno andaluz en vivienda, que ha atribuido a "su desidia", así como por no desplegar las facultades que le confiere el Estatuto de Autonomía, de manera que ha renunciado a la potestad que le da la normativa estatal para la declaración de zonas tensionadas y "tampoco está adoptando ninguna medida propia para enfriar ese precio".
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