SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha considerado este lunes "totalmente insuficientes" las subidas del precio/hora de la ayuda a domicilio, el precio de la plaza concertada en los centros residenciales de mayores, de personas con discapacidad y centros de día porque "no contribuirán para nada" a sacar a Andalucía de las últimas posiciones en cuanto a dependencia.
En un comunicado, ha detallado que la Junta de Andalucía anunció una subida de un 5,8% el precio/hora de la ayuda a domicilio, pasando de los 14,56 euros actuales a 15,45 euros y una subida del 4,5% del precio de la plaza concertada en los centros
residenciales de mayores, de personas con discapacidad y centros de día. Así, el precio/día de las plazas residenciales concertadas de personas mayores dependientes pasa de 55,79 euros a 58,30 euros, mientras que el coste de la plaza concertada de atención residencial para personas con discapacidad intelectual se eleva hasta los 97,63 euros, antes 93,43 euros. En el caso de la plaza residencial para personas con discapacidad física/visual pasa de 97,86 a 102,26 euros.
FOAM ha valorado estas subidas "totalmente insuficientes" y ha recordado que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, se encontró con una lista de espera en dependencia de 109.470 --388.846 solicitudes presentadas, 354.473 resueltas, 287.340 personas con derecho a prestación de las cuales solo 212.243 las percibían--. Esta cifra se redujo hasta situarla en marzo de 2022 a 71.173 personas.
Pero, ha advertido de que, "a partir de ahí", se ha ido incrementando y se cierra diciembre de 2022 con 84.109 personas en lista de espera y un tiempo medio de
resolución de tramitación de los expedientes de 544 días, solo superados por canarias,
con un tiempo medio de 977 días, y una media española en 344 días y teniendo en cuenta que el tiempo máximo legal para la resolución de un expediente es de 180 días.
Ante esta situación, reclama a Moreno a que cumpla sus compromisos, que pasan por exigir al Estado el cumplimiento de su obligación de aportar el 50% de la financiación para la dependencia y a mantener la aportación de la Junta mientras no desaparecieran las listas de espera.
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