SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves la toma en consideración de la proposición de Ley planteada por PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (Cs) para la modificación de la Ley de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía de 2007, en lo que respecta al plazo de vigencia de las concesiones para la construcción y explotación de puertos deportivos, y que ha contado con el rechazo a la tramitación de Podemos e IULV-CA.
La modificación legislativa que se plantea en la proposición de ley, que ahora seguirá su tramitación en la Cámara hasta la aprobación definitiva, consiste en la introducción de una nueva disposición transitoria, sobre duración de concesiones para la construcción y explotación de puertos deportivos.
Se señala que el plazo de duración de las concesiones para la construcción y explotación de puertos deportivos "otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley será el establecido en el respectivo título concesional, con la aplicación del régimen jurídico y económico previsto en la presente ley".
Se añade que, "salvo lo dispuesto en el apartado anterior, el plazo total de duración, incluyendo tanto el periodo inicial de vigencia como el de las eventuales prórrogas que pudieran otorgarse no podrá exceder, en ningún caso, los 75 años desde la fecha de su otorgamiento".
En la exposición de motivos de la iniciativa, se indica que la presente modificación de ley se dicta al amparo del artículo 64.1, apartado quinto, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, según el cual corresponde a la comunidad autónoma la competencia en puertos y demás infraestructuras de transporte en el territorio de Andalucía que no tengan la calificación legal de interés general del Estado.
Se añade que la disposición transitoria decimosexta del Reglamento General de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto en octubre de 2014, titulada 'Régimen de la revisión de concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo', establece que se considerara en todo caso incompatible con los criterios de ocupación del dominio público establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, el mantenimiento de concesiones a perpetuidad, "por tiempo indefinido o sin plazo limitado".
En todo caso, según se añade en la exposición de motivos, se entenderá que las concesiones vigentes antes del 29 de julio de 1988 fueron otorgadas por un plazo máximo de 30 años a contar desde esa fecha, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
Se explica que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de julio de 1988, fueron otorgadas por el Estado grandes concesiones de carácter demanial para la construcción y explotación de instalaciones portuarias, estableciendo en sus títulos plazos de larga duración, que iban de los 50 a los 99 años.
"Estas concesiones, en su conjunto, gestionan, como elementos cedibles a terceros, más de 7.000 atraques, cientos de locales y, en algunas instalaciones, apartamentos", según se recoge en la proposición de ley, donde se apunta que, desde la fecha de su otorgamiento y hasta la actualidad, se han venido produciendo sucesivas transmisiones de los referidos elementos concesionales, la mayor parte de ellos por una importante cuantía económica.
En este sentido, se considera que la aplicación de la limitación de plazo "sobre las concesiones puede conllevar muy importantes efectos económicos, tanto los referidos a los concesionarios como especialmente a la multitud de cesionarios de los referidos elementos concesionales que han llevado a cabo sus negocios jurídicos con un precio vinculado a una duración".
En defensa de la reforma de la Ley de Puertos, la diputada del PSOE-A Beatriz Rubiño ha manifestado que el sistema portuario andaluz es el más importante de España y que el objetivo del Gobierno andaluz es que los puertos sean un motor de creación de empleo y de crecimiento económico en sus municipios. Si no se reforma la ley, según ha señalado, se perjudicaría el negocio de miles de personas en los puertos y ha rechazado las acusaciones de "pelotazo" por parte de otros partidos como Podemos. Ha manifestado que esta medida no persigue "perpetuar de títulos concesionales a favor de unos privilegiados", sino de cumplir con los títulos concecionales otorgados a miles de familias.
El parlamentario del PP-A Juan Bueno ha manifestado que los puertos de competencia autonómica de Andalucía están más "bien abandonados", porque se invierte en ellos "poco y mal". No obstante, ha indicado que su grupo apoya esta reforma de la ley porque se trata de "impedir" que se vean perjudicados los puertos, los titulares de las concesiones, los trabajadores o los usuarios.
"Si no se producía esta modificación, lo que venía era agravar más la situación de los puertos de Andalucía", ha apuntado Bueno, quien ha señalado que esta reforma de la ley se tenía que haber producido mucho antes.
El diputado de Ciudadanos (Cs) Carlos Hernández ha criticado la "falta de compromiso" de la Junta con los puertos, especialmente con los de gestión directa, ya ha reclamado que se apueste por un mayor desarrollo de los mismos, teniendo en cuenta que unas 30.000 personas viven de ellos. "Hay que dar seguridad jurídica porque es mucho lo que tenemos en juego", según ha apuntado Hernández, quien ha considerado que la reforma de la ley plantea "seguridad jurídica y certeza". Ha pedido que la administración se siente con los titulares de las concesiones para llegar a un acuerdo sobre las tasas.
La diputada de Podemos Carmen Molina ha indicado que no se entiende la urgencia en la tramitación de esta reforma de la Ley de Puertos, que no tiene "garantías jurídicas", y ha indicado se trata de una modificación legal que va en contra de la opinión mantenida por la Unión Europea y por el Estado. Ha señalado que la nueva ley "prorrogará las concesiones", algunas desde la etapa del franquismo, pese a que el Tribunal Constitucional avaló que terminarían las concesiones en 2018. Ha indicado que el Gobierno andaluz debería de haber dado respuesta al asunto de las concesiones a través de un proyecto de ley, sometido a debate.
La parlamentaria de IULV-CA Inmaculada Nieto ha manifestado que esta propuesta de reforma de la ley podría tener "visos de inconstitucionalidad", como pone de manifiesto el informe jurídico que la acompaña, y ha considerado que, en este sentido, se plantea cierta "inseguridad jurídica" porque, según ha expresado, quién sabe si el nuevo Gobierno central no interpondrá un recurso de inconstitucionalidad. A su juicio, las cosas se han "hecho mal" y el PSOE-A ha sido totalmente "incompetente" en este tema, mientras que PP-A y Cs se han prestado "a taparle las vergüenzas".
