SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, mientras que PSOE-A y Unidas Podemos se han abstenido, el decreto ley del Gobierno andaluz por el que se adoptan medidas urgentes para mejorar la financiación de los centros de atención residencial y de los centros de día y de noche de atención a personas en situación de dependencia.
Se trata, en concreto, del Decreto-ley 3/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para mejorar la financiación de los centros de atención residencial y de los centros de día y de noche de atención a personas en situación de dependencia, que ha defendido ante el Pleno de la Cámara la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.
La consejera ha explicado que dichas medidas del decreto recogen aspectos como la agilización del proceso de ocupación efectiva de las plazas concertadas en los centros, la eliminación del límite de financiación en el servicio de atención residencial y la modificación del cómputo de días de ausencias voluntarias.
Rocío Ruiz ha defendido que las medidas previstas por la Consejería que dirige suponen "mejoras en la financiación de los servicios o ampliación de derechos de las personas beneficiarias", y justifican una situación "de extraordinaria y urgente necesidad, que conlleva su entrada en vigor con la mayor celeridad posible".
Así, y con el fin de "agilizar los trámites" desde que la persona solicita el reconocimiento de la situación de dependencia hasta que ingresa en el centro residencial o en el centro de día, con este decreto se reduce el plazo de incorporación al asignado de 15 a siete días hábiles desde la fecha de la notificación de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA). El objetivo es alcanzar una gestión "más eficaz y eficiente en la asignación de las plazas".
Otra de las medidas aprobadas consiste en la eliminación del tope del 80% como cantidad máxima a abonar por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda) a cada centro residencial, en los casos en que las personas beneficiarias no llegaran a la aportación del 20% del coste global de las plazas.
Asimismo, se amplían los días naturales anuales de ausencia voluntaria en los que la persona tiene derecho a la reserva de su plaza, pasando de 30 a 35 días, una medida que, según ha puesto de relieve la consejera, permite que tanto las personas beneficiarias como las entidades puedan organizar sus periodos de descanso o ausencias por motivos personales, "asegurando en todo momento la continuidad del servicio durante todo el año".
En cuanto a la financiación de los servicios, y con el objetivo de "no perjudicar la sostenibilidad de los centros", se amplía el período en el que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía abona las plazas reservadas cuando sus titulares se encuentren en ausencia voluntaria, pasando de tres a 35 días naturales al año.
Todas estas medidas, según ha puesto de relieve la consejería, tiene un impacto directo en la financiación de las plazas concertadas o conveniadas de la Assda con las entidades prestadoras, con un impacto anual previsto para 2022 de 1.784.005 euros.
LOS GRUPOS
En el turno de los grupos parlamentarios, la diputada del PSOE-A Carmen Dolores Velasco ha manifestado que este decreto es una nueva medida de "medida de márketing político del Gobierno". Ha indicado que es urgente garantizar la sostenibilidad de la dependencia en Andalucía y ha acusado a la Junta de faltar el "respeto al Parlamento con un nuevo parche, ninguneando los acuerdos que se toman" en la institución. A su juicio, el Gobierno ha planteado un decreto "a prisa y corriendo, saltándose los trámites parlamentarios".
El diputado del PP-A Francisco Caracuel ha destacado la "buena gestión" que está haciendo la consejería en materia de dependencia, respondiendo a demandas históricas" a las que hay que dar respuesta, y ha justificado la utilización de la fórmula del decreto ley.
La parlamentaria de Ciudadanos (Cs) Concepción González ha indicado que se han aumentado las plazas residenciales por diez en esta legislatura y se han agilizado las listas de espera de la dependencia. La Junta, según ha apuntado, está ayudando a la sostenibilidad del sistema con una financiación adecuada.
El diputado de Unidas Podemos Jesús Fernández ha manifestado que a la Junta se "le ha echado el tiempo encima y no ha hecho los deberes adecuados". Ha acusado al Gobierno de estar usando las figura de los decretos ley hasta unos "límites extremos" que está degradando esta figura.
La parlamentaria de Vox Ana Gil ha manifestado que detrás de cada expediente hay una persona y una familia que necesita apoyo para las tareas más básicas de su vida diaria, por lo que debe ser una prioridad del Gobierno andaluz alcanzar una atención a la dependencia óptima.
