Parlamento convalida el decreto que reduce el gravamen de Transmisiones Patrimoniales al 7% y Actos Jurídicos al 1,2%

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha convalidado este miércoles el Decreto-ley 7/2021 sobre reducción del gravamen del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tras obtener 59 votos a favor de PP, Cs y Vox y 50, en contra.

El decreto ley lo aprobó el Gobierno andaluz en su reunión del 27 de abril y entró en vigor al día siguiente tras la publicación de una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021.

La medida entraña reducir el tipo de gravamen general aplicable a la transmisión de inmuebles -Transmisiones Patrimoniales Onerosas- y a la constitución y cesión de derechos reales, excepto los de garantía. Pasa de los tipos actuales del 8%, 9% y 10% a un único tipo general del 7%.

De igual forma reduce el tipo de gravamen general para los documentos notariales -Actos Jurídicos Documentados- del 1,5% al 1,2%.

Uno de los ejemplos aportados por el Gobierno andaluz señala que en el supuesto de una transmisión de un inmueble valorado en 180.000 euros, con la normativa existente antes del nuevo decreto ley la base imponible se multiplicaba por el tipo del 8% del primer tramo de la tarifa -que aplica hasta 400.000 euros-, con el resultado de una cuota tributaria de 14.400 euros. Tras este decreto ley, la cuota tributaria resultante es de 12.600 euros tras aplicar un tipo general del 7% y el ahorro consiguiente es de 1.800 euros.

En el caso de la escritura pública sobre la transmisión de una vivienda nueva valorada en 200.000 euros por una empresa promotora tributaría con la normativa hasta ahora en vigor -Decreto legislativo 1/2018- a un tipo general del 1,5%, lo que daría como resultado una cuota tributaria de 3.000 euros. Con la rebaja a un tipo general del 1,2%, la cuota tributaria es de 2.400 euros, un ahorro de 600 euros.

El Gobierno andaluz ha sostenido que esta reforma tributaria pretende "impulsar la reactivación del sector inmobiliario" enla adquisición de viviendas de segunda mano, así como "incentivar la oferta de obra nueva a precios más asequibles, mediante la reducción de los costes fiscales gravados por la modalidad de AJD", según ha explicado el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo.

"El propósito último es aliviar la carga fiscal en el acceso a la vivienda", ha afirmado.

BRAVO: "LOS MISMOS TIPOS EXISTENTES EN ANDALUCÍA QUE EN 2011"

Bravo ha argumentado que los tipos aplicados en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales son "los mismos tipos existentes que en el año 2011 en Andalucía", por lo que ha colegido que "no se trata de medidas ideológicas", para lo que ha blandido el ejemplo de La Rioja, comunidad gobernada por PSOE y Podemos y con unas medidas similares, según el relato del consejero.

El consejero de Hacienda ha apelado a "ensanchar las bases fiscales" con la premisa con la que ha dicho manejarse el actual Gobierno andaluz, según la cual "se pagan impuestos cuando se genera riqueza" y ha instado a tener "cuantos más contribuyentes sin necesidad de subir impuestos".

Con el argumento de "ayudar a prosperar", Bravo ha esgrimido que en el ejercicio 2019 Andalucía ha ganado 116.000 contribuyentes mientras que la recaudación creció en 600 millones de euros, que ha contrapuesto a la merma de 140 millones de euros en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de los cuales 100 se los ha imputado a la reforma que emprendió el Gobierno del PSOE empujado por Ciudadanos.

"Solicitamos la convalidación de este decreto convencidos de su utilidad para los andaluces", ha sostenido Bravo, quien ha alegado igualmente que de esta forma "esto es cumplir los compromisos de PP con CS y de PP con Vox".

Tras blandir la convergencia económica de Andalucía, que ha sustentado en datos como un aumento relativo de la afiliación interanual a la Seguridad Social de un 5,6% frente a un 3,2% de la media nacional, dato que le ha llevado a afirmar "vamos por delante", así como los 400 autónomos que separan a Andalucía de Cataluña para ser la primera comunidad, ha cargado contra la subida de impuestos anunciada por el Gobierno para indicar que la suma de contribuyentes que ganan 600.000 euros o más de 150.000 euros suman un 0,55% del total y que las rentas de los contribuyentes de 150.000 euros aportan 20.000 millones frente a los 440.000 millones que aportan el resto.

"Intentemos que a todo el mundo le vaya mejor", ha sostenido en el cierre del debate.

PSOE: TOMADURA DE PELO PARA LAS CLASES TRABAJADORAS

El diputado del PSOE, Antonio Ramírez de Arellano, ha reprochado al Gobierno andaluz datos como una reducción del paro 1,3% inferior a la precedente del PSOE así como la pérdida de 12.000 contribuyentes, a lo que ha sumado "un agujero de 562 millones en las cuentas públicas", mientras que como resumen de 2020 ha trasladado que "son incapaces de gestionar abundantes recursos públicos", que ha concretado en "un aumento de la deuda de 600 millones mayor de la que se encontraron".

Arellano ha recriminado al Gobierno andaluz hacer de "los impuestos un objetivo político en si mismo y no como un instrumento de política economica", así como ha usado la reforma del IPRF para contraponer "el ahorro para unos cuantos, de miles de euros, frente a unas decenas de euros", por lo que ha hablado de "tomadura de pelo para las clases trabajadoras". Arellano ha defendido "una fiscalidad como instrumento para financiar los servicios públicos y las pensiones".

La diputada del PP, Loles López, ha defendido que "hablamos de dos modelos de gestión", que le ha llevado a contraponer "bajar impuestos" frente a "sablazos económicos". "Hemos bajado impuestos y hemos recaudado más para invertir en esos servicios públicos que dejaron tiritando", ha afirmado la dirigente del PP, quien ha proseguido afirmando que "no va de ideología, va de Andalucía", mientras que ha defendido que "nosotros somos de hacer reformas; las nuestras son lógicas, las vuestras son ideológicas".

El diputado de Ciudadanos, Carlos Hernández White, ha afirmado que "el cambio en Andalucía sigue adelante" para argumentar que "el objetivo de este gobierno es convertir a este territorio en más atractivo para invertir, vivir y trabajar", mientras que ha reivindicado que "desde que Cs entró en este Parlamento en 2015 los impuestos no han hecho más que bajar". "Cs es garantía de rebajas fiscales", ha argumentado.

El portavoz adjunto de Adelante, Guzmán Ahumada, ha apuntado que este decreto es un "aperitivo" de la reforma fiscal pactada entre PP-A, Cs y Vox a través de dos proposiciones de ley, y ha sostenido que el modelo de bajada de impuestos "no mejora las condiciones materiales de vida de la gente". Además, ha insistido en que la rebaja tributaria que recoge el decreto convalidado va a "contracorriente" de lo que recomiendan organismos internacionales como la OCDE, que entienden que "no toca bajar impuestos", según ha abundado.

Finalmente, la portavoz adjunta de Vox, Ángela Mulas, ha justificado el apoyo de su grupo a este decreto porque está "a favor de cualquier bajada de impuestos" y la vienen exigiendo "desde hace dos años", y en esa línea ha aseverado que "el sistema tributario andaluz requiere de un cambio estructural, por lo que es necesario acometer de forma inminente" una bajada de impuestos "permanente e indefinida" y no con carácter temporal.

Ha emplazado además a la Junta a "cuadrar las cuentas de la administración" para eliminar "gastos superfluos" y reducir "gasto político, ayudas a organizaciones empresariales y sindicatos, sobre todo" a aquellos que son "corruptos", según ha apostillado.