SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A, que ha sido apoyada por Ciudadanos (Cs) y por Vox, mientras que ha sido rechadaza por PSOE-A y Adelante Andalucía, en la que se insta a la Junta a reclamar al Gobierno central la defensa de la red de centros concertados como garantes de la existencia de una oferta plural complementaria a la red pública, lo que implica que ambas redes, pública y privada-concertada, tendrán que tener los recursos necesarios que aseguren este derecho.
Asimismo, se insta a la Junta a que "siga defendiendo y profundizando en el actual modelo educativo, basado en la libertad y en el respeto a los padres para decidir la educación que quieren para sus hijos", garantizando una red de centros educativos públicos y concertados, prestadores del servicio de la educación, que puedan ser objeto de la elección por los padres, unos centros educativos de calidad y la igualdad efectiva de los padres en la elección del centro educativo.
En esta línea, también se pide al Ejecutivo que demande al Gobierno central que se respete y defienda la Constitución y la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional en relación al artículo 27, que sitúan en el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, mediante un desarrollo armónico de ambos derechos y que se garantice que los padres elijan el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos.
La Cámara también ha demandado a la Junta que pida al Ejecutivo central que promueva y respalde la autonomía organizativa y pedagógida de los centros para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias, y que se garantice la existencia y gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como en privada-concertada, como garantes de la libertad de elección de las familias.
Asimismo, se pide a la Junta que reclame al Gobierno que respete y cumpla el artículo 27.3 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, y que se combata cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social del artículo 109.2 de la Lomce como factor determinante por parte de las administraciones a la hora de ofertar plazas educativas.
En virtud de una enmienda de Vox aceptada por el PP-A, el Parlamento también ha instado a Junta a defender la lengua común todos los españoles e instar al Gobierno central a que garantice, como se recoge en el artículo 3 de la Constitución, el derecho y la obligación de conocerla, así como de que sea lengua vehicular de la enseñanza, especialmente en aquellas regiones en las que está siendo marginada y desplazada debido a la imposición de políticas lingüísticas.
En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Miguel Ángel Ruiz ha manifestado que el último proyecto de ley del Gobierno del PSOE en España, la llamada Lomloe, "cuestiona el primer gran pacto educativo de la Transición al intentar limitar las libertades educativas reconocidas en la Constitución, cuestionando la demanda social de la educación concertada".
Ha añadido que las recientes manifestaciones de la ministra de Educación en contra de la educación concertada han generado una gran alarma social por cuanto cuestionan que los padres puedan elegir la educación de sus hijos, algo que se materializa cuando las familias eligen un centro educativo y no otro.
Ruiz ha agregado que la ministra ignora que el artículo 27.3 de la Constitución establece con claridad que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
En el turno de posicionamiento de los grupos, el diputado del PSOE-A Juan Pablo Durán ha criticado que esta PNL "solo intenta confrontación por confrontación política" ante un pacto de gobierno a nivel nacional y ha instado a leer la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a la educación en la que señala que es "defendible el derecho de los padres a elegir el centro educativo siempre dentro del marco de la organización del sistema educativo". Así, se ha mostrado contrario a "mercantilizar" este sistema.
Por parte de Cs, la diputada María del Mar Sánchez Muñoz ha defendido la libertad de creación de centros de educación y las obligaciones en el ámbito educativo que tienen las instituciones, toda vez que ha criticado "la interpretación" que hace el PSOE de la normativa y "sus ataques a la concertada".
En nombre de Adelante Andalucía Jose Ignacio García ha hecho referencia a la Constitución para defender la libertad de enseñanza y ha negado que "sea más barato la educación privada-concertada", además de reprochar que la derecha use el argumento de la "demanda social" para pedir determinados elementos en educación.
La portavoz adjunta de Vox, Ángela Mulas ha manifestado que los padres tienen que tener la capacidad de elegir qué educación quieren para sus hijos y sobre la formación de los mismos, algo que garantizaría la implantación de un cheque escolar. Ha denunciado la "falsa y perjudicial ideología de género" que se ha implantando en centros educativos con el fin de modificar las conductas de los estudiantes. Vox ha pedido la reversión del actual modelo "insostenible de 17 sistemas educativos, armonizando contenidos, evaluaciones y exigencias en la búsqueda de un sistema que garantice la igualdad de todos los españoles independientemente del lugar de España en el que residen".
