Peritos de IGAE: El Consejo de Gobierno conoció que las ayudas de los ERE se dieron sin fiscalización previa

Juicio ERE Andalucía
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Actualizado 19/10/2018 16:00:59 CET

Perito de defensa ve "con fundamento" el informe clave de la causa para que interventor emitiera informe de actuación y "poner remedio a las irregularidades"

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de auxilio judicial pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ha afirmado este viernes que el Consejo de Gobierno fue informado por la Intervención General de la Junta de que el uso de las transferencias de financiación para pagar las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos suponía la imposibilidad de la fiscalización previa de las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo.

Así lo ha confirmado Turrión a preguntas del abogado del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez en la sesión de este viernes del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE entre los años 2001 y 2010 a través de la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L, cuyos fondos eran allegados al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), mediante transferencias de financiación, instrumento presupuestario que, según las acusaciones, impedía la fiscalización previa de las ayudas.

José Rebollo, defensa de Gómez Martínez, ha preguntado a Turrión por el informe adicional de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA correspondiente al ejercicio 2003 y conocido en 2005 elaborado por la Intervención General después de analizar una veintena de expedientes de concesión de ayudas de la Dirección General de Trabajo, y que, entre otras conclusiones, recoge que se estaban concediendo subvenciones "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" y sin control previo de las mismas.

"Contenía el informe --cuyos destinatarios fueron IFA/IDEA y las consejerías de Empleo y de Hacienda-- las irregularidades en términos claros y comprensibles de que las ayudas no estaban siendo fiscalizadas", ha preguntado el abogado, algo que ha respondido afirmativamente Turrión.

A continuación el abogado ha exhibido la memoria de la Intervención General para el acuerdo de Control Financiero Permanente del Consejo de Gobierno para el ejercicio 2007 y siguientes, que apuntaba algunas consecuencias por el uso inadecuado de las transferencias de financiación, entre ellas la imposibilidad de la fiscalización de las subvenciones, preguntando si "informaba en esta memoria la Intervención General al Consejo de Gobierno de que el uso de las transferencias de financiación suponía la imposibilidad de la fiscalización previa de las ayudas dadas por la Junta". "Sí", ha asegurado Turrión.

Igualmente, ha exhibido el letrado el informe de seguimiento de Control Financiero Permanente de IDEA del cuatro trimestre de 2006 y la remisión de oficio a la viceconsejera de Hacienda, entonces Carmen Martínez Aguayo --acusada en este juicio--, preguntando a Turrión si considera que este informe define "con claridad" el régimen al que está sometido las subvenciones de los ERE, el uso "inadecuado" de las transferencias y si es "suficientemente claro" que el sistema de concesión tenía "deficiencias de control". "Sí", ha vuelto a expresar el perito de la IGAE.

En este punto ha intervenido Juan Zornoza, perito de la defensa del expresidente José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, que "ni el Consejo de Gobierno ni la Consejería de Hacienda tenía que tener ningún tipo de actuación ante las deficiencias".

COMPETENCIAS DE EMPLEO, HACIENDA Y EL CONSEJO DE GOBIERNO

"Puestas de manifiesto por la Intervención General y conocidas por los destinatarios las irregularidades del sistema en informe adicional", a preguntas del abogado de Gómez Martínez, Turrión ha señalado que el consejero de Empleo tenía "competencia y obligación" para "formular en el anteproyecto de presupuestos del a Consejería las partidas presupuestarias adecuadas y no las transferencias de financiación", así como también para hacer las modificaciones presupuestarias en este sentido.

Para Turrión, también el consejero de Hacienda tenía competencia para no incluir las transferencias de financiación "que impedían la fiscalización previa" en los presupuestos, algo en lo que ha mostrado su desacuerdo Zornoza.

En el caso del consejero de Innovación, Turrión no ha tenido claro si tenía competencias para ordenar a IDEA, adscrita a esta Consejería desde 2004, suspender los pagos de las ayudas.

Sí ha considerado Turrión que el Consejo de Gobierno tenía competencias para ordenar a Empleo, Hacienda e Innovación "adoptar medidas y paralizar los pagos" relacionados con las ayudas de los ERE.

Sobre las competencias de la Intervención General para "ordenar" a la Dirección General de Trabajo y a IFA/IDEA suspender la concesión y pago de las subvenciones, Turrión ha aclarado que hay dos momentos, antes y después del informe adicional de 2003. Cuando el interventor general, en este caso Manuel Gómez, "tiene conocimiento de lo que ocurre" como manifestó de manera "tajante" en dicho informe "podría haber reparado la tramitación de la transferencia de financiación de Empleo a IFA/IDEA".

Además, el interventor general conoció por los expedientes de ayudas analizados que se dieron sin fiscalización previa, por lo que, según Turrión, podía haber ordenado al interventor delegado en Empleo reparar el expediente de transferencias o "abocar para sí" el expediente y fiscalizarlo él. En esto ha coincidido Zornoza, para quien "un reparo suspensivo hubiera provocado el efecto de suspender todas las actuaciones".

"NO PODÍA QUEDARSE DE BRAZOS CRUZADOS"

En este sentido y siguiendo en el análisis de las competencias del interventor general, Turrión ha manifestado que "ningún interventor general, ni de Andalucía ni de otra administración, podía o debería quedarse de brazos cruzados ante la inexistencia de reacción" de otros órganos ante "un tema como del que hablamos".

"Es el máximo órgano de control interno de la Junta" y ante la hipotética situación de que los órganos competentes no reaccionen ante un informe de actuación, una de las cosas que podía haber hecho era "reparar las transferencias de financiación para suspender el envío de fondos a IFA/IDEA, cortar el grifo".

El interrogatorio del letrado José Rebollo se ha centrado después en las modificaciones presupuestarias y en las competencias del consejero de Hacienda y el Consejo de Gobierno de no haberlas elevado o aprobadas tras conocerse el informe adicional de 2003 y si sus conclusiones eran "fundamentos suficientes" para hacerlo.

En este punto Juan Ramallo, perito de parte propuesto por la defensa de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, ha intervenido para considerar que las conclusiones del informe adicional tienen "fundamento" para haber hecho un informe de actuación por la Intervención General y "poner remedio a estas irregularidades y no un informe adicional".

Antes del interrogatorio de la defensa de Gómez Martínez han preguntado a los peritos los abogados del exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río y del director general de IDEA entre mayo de 2008 y finales de 2009, Jacinto Cañete.

Durante este último, los peritos han señalado que en los cuatro informes de Control Financiero Permanente que conoció Cañete no recogían "recomendaciones" para IDEA sobre el sistema de concesión y pago de las ayudas, cuyo director general no intervenía en el proceso de concesión, que se realizaba en la Dirección General de Trabajo.

El juicio seguirá el próximo lunes con la continuación del interrogatorio a los peritos de la defensa del ex interventor general para acabar la prueba pericial. Posteriormente comenzará la fase documental.