Piden tras el caso del capitán de Algeciras (Cádiz) otra "política de drogas" no ceñida a la justicia penal

Publicado 05/07/2019 13:50:23CET
Foto de archivo de una actuación policial contra el tráfico de drogas.
Foto de archivo de una actuación policial contra el tráfico de drogas.GUARDIA CIVIL

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Enlace --que reúne a casi 100 entidades de Andalucía que intervienen en adicciones y otras situaciones de exclusión social-- ha apostado este viernes por impulsar una "nueva política de drogas" que se centre "en la justicia social y no tanto o, al menos, no exclusivamente, en la justicia penal", y ellos tras conocer la detención de un capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil en la Comandancia de Algeciras (Cádiz) por su presunta relación con el narcotráfico.

En un comunicado, desde la Federación Enlace han apuntado que "esta situación demuestra que las políticas de drogas basadas exclusivamente en el combate puntual y desigual contra quienes se benefician de este negocio no han conseguido los objetivos perseguidos --reducción de la oferta y la demanda de droga--, ni han frenado el creciente poder de las mafias".

Por ello, desde Enlace reclaman que "ha llegado el momento de explorar otras vías, de estudiar y valorar iniciativas innovadoras como las que se están ensayando con éxito en otros países, con las que se está consiguiendo, además del control de las sustancias, arrebatar la principal fuente de ingresos y de poder a los narcotraficantes".

Así, la federación cita como ejemplo el caso de Uruguay, que "regularizó la compraventa de cannabis en las farmacias, con control de la producción por parte del Estado", tras lo que "se ha demostrado una reducción en el poder de las mafias".

Además, desde Enlace subrayan que "siempre" han mantenido que, "para acabar con las problemáticas asociadas al tráfico de drogas, principalmente con las peligrosas mafias que se fortalecen cada día con este negocio, tenemos que centrarnos en la justicia social y no tanto o, al menos, no exclusivamente, en la justicia penal".

Al respecto, citan a la Asamblea General de la ONU, que sobre el problema de las drogas, ha recomendado que las políticas de drogas se centren en líneas como "promover iniciativas que contribuyan a la erradicación de la pobreza y a la sostenibilidad del desarrollo social y económico de regiones y grupos", y "fomentar el desarrollo urbano sostenible para las personas afectadas por las actividades ilícitas relacionadas con las drogas, a fin de promover la participación pública en la prevención del delito, la cohesión comunitaria, la protección y la seguridad, la innovación, el espíritu emprendedor y el empleo", según explica la citada federación.

Desde Enlace agregan que las demandas de las asociaciones y habitantes de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar "no se centran sólo en el incremento de los recursos policiales, sino que insisten siempre en la necesidad de más medios económicos y educativos e inversiones en general para una zona con una tasa de paro del 33%".

"Se reclama trabajo, igualdad de oportunidades y medidas solidarias", según resumen desde Enlace, federación desde la que creen que "son estas las medidas que necesitan el Campo de Gibraltar y otras zonas de Andalucía que presentan problemas similares", y "la mejor manera de conseguirlas es mediante la toma de conciencia y el compromiso de la comunidad, incluyendo tanto a la sociedad civil y como a los poderes públicos".

Según Enlace, "infinidad de organismos, personas expertas, organizaciones civiles especializadas o personajes públicos comparten" su "visión" de que "el enfoque prohibicionista que enmarca la mayor parte de las actuaciones en el mundo no ha conseguido reducir el problema de las drogas sino que, por el contrario, ha servido para enriquecer y fortalecer a las mafias y organizaciones criminales, que campan a sus anchas en una clandestinidad que parece hecha a su medida".

Desde este punto de vista, desde la Federación Enlace demandan que "se avance de verdad en una nueva política de drogas, promoviendo un proceso participativo de indagación social sobre la pertinencia de regular el cannabis, que pueda garantizar un uso controlado de la sustancia", así como "que se vuelquen los esfuerzos en la prevención de los consumos abusivos, la educación y el desarrollo económico de las zonas desfavorecidas".