JAÉN, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de lo Penal número de dos acoge el próximo 24 mayo un juicio contra el alcalde de Jódar, José Luis Angulo (IU), el responsable del SAT Andrés Bódalo y otras cinco personas tras los disturbios que se produjeron durante la huelga general del año 2002 a raíz de un piquete. Para cada uno de ellos el ministerio fiscal solicita cuatro años de prisión.
Fuentes de la Fiscalía consultadas por Europa Press detallaron que los hechos se remontan a la jornada de huelga general del 20 de junio de 2002 cuando al frente de un piquete informativo organizado por el SOC e integrado por centenares de personas estaban Angulo, el coordinador del SOC Mansueto Nsi Owana y Bódalo y, como personas más activas dentro de este piquete, el resto de los acusados.
Sobre las 10,30 horas, este piquete llegó a una heladería, donde empezaron a proferir amenazas y a gritar frases amenazantes presos de una actitud "muy violenta" hasta el punto de que forcejearon con los propietarios de este local y con agentes de la Policía Nacional hasta que consiguieron que la heladería cerrara.
A continuación se desplazaron hasta otra heladería de los mismos propietarios y, de igual modo, les forzaron al cierre, causando en ambos locales destrozos como rotura de una cámara de seguridad, de un luminoso, de una vitrina, entre otro mobiliario. En total, los daños se han valorado en 17.369 euros.
El piquete siguió su recorrido hasta llegar a un kiosco de prensa en el que, bajo el mismo procedimiento, obligaron al dueño a que lo cerrara en contra de su voluntad y bajo amenazas de muerte y, acto seguido, acudieron a otro establecimiento comercial en el que volvieron a forzar su cierre y en este llegaron a arrancar una reja de protección. Finalmente pasaron por una cafetería justo cuando salía de ella un hombre, al que Andrés Bódalo empezó a insultarle y le propinó un puñetazo.
El fiscal, según estas mismas fuentes, ha considerado que estos hechos son constitutivos de un delito de un delito del artículo 315 en relación con los puntos uno y dos, un delito continuado de daños y dos faltas. Así, pide para cada acusado una pena de cuatro años de prisión, privación del derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo y una multa de 9.000 euros y, además, para Bódalo pide otra multa de 500 euros. En concepto de responsabilidad civil, solicita que indemnice a los dueños de las heladerías en la cantidad de 18.632 euros y al del establecimiento comercial en la cantidad de 46,40 euros.
LA DEFENSA
Por su parte, la defensa niega las acusaciones del fiscal y señala que sus representados no organizaron piquete alguno, sino que apoyaron la huelga general, "sin que por parte de ninguno de sus miembros o simpatizantes se realizara ningún tipo de acto delictivo".
En este sentido, invoca una sentencia del Tribunal Constitucional que recoge que una de las facultades de huelga es la publicidad o proyección exterior de la misma. Además, alega que el seguimiento del SOC y de sus miembros de esa huelga general y el apoyo a los piquetes "no constituye sino el ejercicio de un derecho constitucional" y "sin que en ningún momento se incurriera en actitudes violentas y de fuerza que supusiera coacción o amenaza a ninguna persona o establecimiento".
De hecho, fundamenta que su actuación "se limitó a apoyar la huelga y la de sus miembros a apoyar los piquetes para requerir de otros la adhesión a la huelga y a participar, dentro del marco legal, en acciones conjuntas a tal fin".
