GRANADA, 26 May. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma por la defensa del río Castril y los ayuntamientos de Castril y Cortes, en Granada, han solicitado una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, para tratar la caducidad de las expropiaciones del trasvase del río, en tanto que todavía se mantiene abierto este expediente pese a que el Tribunal Supremo paralizó el proyecto.
Concretamente, el Supremo ordenó en 2011 la paralización inmediata de las obras de emergencia para la construcción de una conducción de abastecimiento de agua a Baza desde el embalse del Portillo, así como de las expropiaciones de las fincas afectadas por estos trabajos.
Las obras de canalización afectaban a los términos municipales de Castril, Cortes de Baza, Benamaurel, Baza y Zújar y estaban enmarcadas en un Real Decreto por el que se adoptaban medidas para corregir los efectos de la sequía de las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro, el cual luego fue anulado.
Desde la plataforma consideran "inconcebible" que, a día de hoy, después de haberse declarado nulo de pleno derecho el Real Decreto de Sequía que respaldaba estas expropiaciones, todavía se mantenga vivo el expediente.
Las expropiaciones se intentaron activar en junio del año pasado y todas las partes afectadas presentaron alegaciones en contra, solicitando su caducidad, alegaciones que no han sido contestadas formalmente, entendiendo los afectados su denegación por silencio administrativo.
Por este motivo y "como acto de buena voluntad antes de recurrir a la justicia" quieren buscar una solución consensuada a través de esta reunión.
Han hecho alusión en este sentido a una "reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara que, por encima del interés general utilizado genéricamente para realizar obras que afectan a los ecosistemas fluviales está el interés público superior que exige Europa, buscando soluciones alternativas que no dañen los ecosistemas".
