GRANADA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Diputación Provincial de Granada ha aprobado este jueves una declaración institucional que, con el apoyo de todos los grupos políticos, ha mostrado la posición de la Corporación Provincial a favor de que la Junta plantee un calendario de pagos para saldar la deuda que mantiene en materia de Dependencia y mejore su financiación.
El pleno provincial, en su sesión correspondiente al mes de octubre, que se ha prolongado hasta pasadas las 19,00 horas, también ha aprobado por unanimidad el primer plan provincial de sensibilización y prevención de la violencia de género, según ha informado la Diputación.
En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado el expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de tratamiento de residuos municipales, con sus correspondientes bonificaciones, y ha liberado una partida de más de 1,2 millones de euros de los cuales más de 530.000 euros tendrán como destino el arreglo de las carreteras afectadas por las lluvias torrenciales del final del verano.
Se ha aprobado por unanimidad la solicitud al Ministerio de Fomento de un acceso a la autovía A-7 en el municipio de Gualchos desde la carretera provincial GR-5209. El alcalde de la localidad, Eloy Martín Cabrera, ha agradecido con su presencia este respaldo unánime del pleno.
En cuanto a las mociones "pegadas a las necesidades de Granada" que ha llevado el equipo de Gobierno, el portavoz José Torrente ha destacado la reclamación que se ha hecho, también con el apoyo de los tres grupos políticos, para que la Junta de Andalucía convenie con la provincia un acuerdo similar al que se ha rubricado con la Diputación de Sevilla para la mejora de espacios productivos como polígonos y parques empresariales por un valor de más de cinco millones de euros.
"Pareciera que en Andalucía la Junta solo contempla la posibilidad de colaborar con la Diputación de Sevilla", ha indicado Torrente que se ha preguntado si "tendrá que ver para esta rémora que la mayoría del resto de diputaciones sean gobernadas por el Partido Popular". Esto "recuerda a un sectarismo fuera de los tiempos" por lo que, según Torrente, se ha hecho necesaria "esta queja para que este mismo protocolo de acción para la modernización de los espacios productivos de la provincia de Sevilla se tenga también en cuenta en la provincia de Granada".
La moción socialista contra el proyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local ha sido rechazada con los votos en contra de los diputados del Partido Popular. Ha sido el diputado delegado de Función Pública, Francisco Javier Maldonado, el responsable de defender el criterio del equipo de Gobierno en esta materia y ha señalado, también como primer edil de Gójar, que "los alcaldes llevamos veinte años esperando que alguien legisle conforme al principio de una competencia, una administración".
"Los servicios los vamos a seguir prestando los ayuntamientos y las diputaciones con la diferencia de que en el futuro los vamos a cobrar", ha explicado Francisco Javier Maldonado reclamando que "la Junta de Andalucía tome buena nota de esta ley que contempla mecanismos para compensar perfectamente las deudas de otras administraciones". Así podrá ejercer sus funciones, ha señalado el diputado "en vez de tener tantos chiringuitos" que ha cuantificado en hasta 349 entes públicos en la administración autonómica.
Maldonado ha criticado la actitud "hipócrita" en sus críticas al proyecto de ley por parte de los dirigentes del PSOE que ha señalado que son los "campeones de la privatización en la provincia". Maldonado ha enumerado que Armilla, donde "hay privatizados aguas, basuras, saneamiento, limpieza viaria, ayuda a domicilio, Dependencia y hasta reparto de cartas, notificaciones y párking", se une a Maracena con, en la misma línea, "recogida de basuras, escuela infantil, servicio de guardería, saneamiento"; y Santa Fe con "punto limpio, aguas, saneamiento, club de gimnasia y club de tenis, y la grúa municipal y del Consorcio Vega Sierra Elvira", ha enumerado el diputado de Función Pública en un pleno en el que ha asistido la familia damnificada por los impagos del equipo de Gobierno santaferino, al que pertenece el diputado provincial socialista José María Aponte, por la prestación del servicio de la grúa.
