SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía ha registrado en el Pleno una pregunta en la que insta al Ejecutivo autonómico a valorar las repercusiones que tiene para la región la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del subproyecto Marismas Occidental de la iniciativa global de Gas Natural para la explotación y almacenamiento de gas en el subsuelo del espacio natural de Doñana.
En la pregunta, consultada por Europa Press, la diputada de Podemos Mercedes Barranco recuerda cómo el pasado 19 de enero el consejero andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, se desplazó a Bruselas para reunirse con el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea, Karmenu Vella, y expresarle la necesidad de evaluar de forma conjunta el proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana.
Asimismo, también se expresó la postura de rechazo del Gobierno de la Junta de Andalucía al proyecto, alegando que el entorno de Doñana no es el lugar idóneo para un almacén subterráneo de gas.
Por su parte, el subproyecto que está actualmente en ejecución, 'Marismas Occidental', cuenta con la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la Consejería de Medio Ambiente y con la resolución del 13 de septiembre de 2010 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto conjunto de la zona Marismas Occidental (Marismas B-1) de Huelva.
En dicho documento pueden leerse alegaciones de diferentes entidades y organizaciones presentadas durante el proceso de participación pública, entre ellas las emitidas por la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y Adena, que señalan que deberán tenerse en cuenta las repercusiones acumulativas y sinérgicas con otros proyectos del entorno comarcal, tales como Marismas Orientales, Marismas A o el proyecto Saladillo.
Esta consideración también fue puesta de relieve por la Delegación Territorial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente. Sin embargo, pese a las alegaciones emitidas por la propia Consejería, el 13 de septiembre del 2010 la Secretaría de Estado de Cambio Climático dio luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental.
