CÓRDOBA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
La parlamentaria andaluza y vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular de Córdoba, Rafaela Obrero, ha criticado que el Gobierno de la Junta de Andalucía "desatienda y olvide a las personas con discapacidad, ya que cuatro de cada cinco discapacitados están en el paro, no tienen empleo y sin posibilidades de encontrarlo".
En un comunicado, Obrero ha explicado que Córdoba es una de las provincias más castigadas por el desempleo de este colectivo, con 2.088 parados con discapacidad. A su juicio, los presupuestos de la Junta para el 2014 "siguen perjudicando los intereses de los andaluces y los cordobeses más vulnerables".
Según Obrero, "la insensibilidad hacia este colectivo se hace patente en el sablazo que el gobierno de PSOE e IU han llevado a cabo en las transferencias corrientes a corporaciones locales para la atención a las personas con discapacidad, con un recorte en los últimos tres años de 1,4 millones de euros", a lo que ha añadido que "a pesar de ser la administración más cercana a los ciudadanos, los ayuntamientos se han quedado solos en la atención de las personas con discapacidad".
"Lo mismo ocurre con las transferencias corrientes a las instituciones sin ánimo de lucro y a las familias, con un recorte de 6,7 millones de euros en los últimos tres años", ha matizado.
Obrero ha juzgado que el Gobierno bipartito haya aprobado unos presupuestos "que ponen en riesgo el estado de bienestar, ya que suponen un recorte de 421 millones de euros en tres pilares fundamentales como son sanidad, educación y políticas Sociales, cuando en las cuentas de 2013, el expresidente de la Junta José Antonio Griñán recortó 1.768 millones de euros a sanidad, educación y bienestar Social. Así, "en solo dos años el PSOE e IU les han quitado a los andaluces 2.189 millones de euros en estas políticas", ha apostillado.
Igualmente, la parlamentaria popular ha reprochado al Gobierno autonómico que el presupuesto "no prevea la creación de nuevas plazas para mayores ni personas con discapacidad". Además, "se reducen las plazas en centros ocupaciones para personas con discapacidad en un 36 por ciento, lo que supone 2.156 plazas menos en Andalucía".
Para Obrero, "en los momentos más duros y más difíciles" el Gobierno andaluz "deja en total desamparo a un colectivo que representa a un 9,54 por ciento de la población andaluza". Asimismo, "la nefasta gestión de la Junta y su política de impagos está desembocando en la exclusión social y la asfixia económica de las entidades más representativas de la discapacidad, llegando ya a los 35 millones de euros de deuda pendiente de pago".
"UNOS 8.000 PUESTOS DE TRABAJO EN EL AIRE"
Según datos de FEAPS-Andalucía, "la importante deuda que la Junta mantiene con los centros especiales de empleo, de más de siete millones de euros, están provocando que muchos de ellos estén a punto de desaparecer por los problemas de financiación que esto conlleva, con la consecuencia de que se dejan unos 8.000 puestos de trabajo en el aire y el futuro de muchas personas".
"Hay un 8,5 por ciento de analfabetismo en este colectivo y sólo el 3,7 por ciento tiene estudios universitarios, algo que se justifica por la escasa inversión de la Junta a las universidades para la atención a las personas y programas de discapacidad, que este año se ha quedado en solo 2.000 euros para 15 universidades en toda Andalucía", ha indicado Obrero.
Con este panorama, el balance del Plan de Empleabilidad de Personas con Discapacidad 2007/2013 "ha sido nefasto y no ha conseguido mejorar la integración laboral de este colectivo, que tiene que competir en un mercado laboral cada vez más carente de oportunidades, dice la parlamentaria andaluza".
Junto a esto, la popular ha querido recordar "la promesa incumplida" de un Plan de Educación Especial en Andalucía, con una vigencia temporal de 2011/2015, que el anterior Consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, "prometió meses antes de las elecciones autonómicas de 2012", a lo que ha agregado que "las deficiencias en el sistema educativo andaluz siguen generando impotencia en las familias con hijos con discapacidad y la sensación de abandono por parte de la administración educativa, creando desigualdades con el resto del alumnado".
