SEVILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha afirmado este miércoles que la decisión del juez instructor del caso Invercaria "evidencia la práctica del anterior gobierno sobre la financiación de la estructura paralela del PSOE con cargo a fondos públicos".
El juez de Instrucción que investiga el denominado caso Invercaria ha dictado un auto en el que acuerda continuar las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado contra cuatro personas investigadas en la pieza separada de personal, entre las que se encuentra Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, dando traslado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares y popular para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
En un auto del 29 de marzo, el magistrado toma esta decisión al entender que los cuatro investigados, como son el expresidente y ex consejero delegado de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, el exdirector financiero Antonio Garrido y dos exdirectores de Promoción, Cristóbal Cantos y el referido Juan María González podrían haber participado en un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos.
El dirigente 'popular' ha dicho que a su formación preocupa que "la corrupción siga siendo una constante de la gestión del anterior gobierno con la decisión del juez instructor de iniciar acciones penales contra la anterior cúpula de Invercaria, en la que se encuentran familiares de importantes líderes socialistas que se ven afectados".
"Se evidencia otra práctica del anterior gobierno que era la financiación de la estructura paralela del PSOE con cargo a fondos públicos", ha destacado Nieto, para quien "no llegan los recursos a resolver los problemas de los andaluces porque se quedan a resolver los problemas de los socialistas".
En su opinión, se trata "de una mala práxis y de una mala gestión, unas prácticas irregulares que no solo tienen que investigarse en los juzgados sino que hay que depurar responsabilidades políticas en la comisión de la Faffe creada en el Parlamento".