El PP dice que la posible caducidad de la sanción a Rafael Gómez afectaría al equilibrio financiero municipal

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Ricardo Rojas, afirmó hoy que la posibilidad de que haya caducado el procedimiento sancionador abierto por la Gerencia de Urbanismo contra el empresario Rafael Gómez por construir las naves ilegales de Colecor pondría "en riesgo el equilibrio financiero" del Consistorio.

En rueda de prensa, Rojas respondió así al hecho de que el titular del juzgado de los contencioso-administrativo número 1 de Córdoba haya dictado una providencia en la que advierte de esta posibilidad. Al respecto, el PP mostró su preocupación, al considerar que "si no se culmina este expediente con la normalidad que se precisa,está en liza el valor de la legalidad, especialmente en lo relativo al urbanismo en la ciudad" .

El grupo municipal del PP va a estudiar con detenimiento y a conocer en profundidad el expediente y "va a actuar con la máxima responsabilidad para salvaguardar la legalidad y el respeto a la legalidad y por supuesto el equilibrio financiero del Ayuntamiento", subrayó Rojas.

Gómez recurrió ante este juzgado el fallo del Consejo Municipal para la Resolución de Reclamaciones Económico-Administrativas (CREA), que imponía una multa de 24,6 millones de euros por la construcción de esas naves en la antigua fábrica lechera, rebajando en 1,8 millones la primera sanción impuesta por Urbanismo, que ascendía a 26,4 millones. De esta forma, el CREA aplicó el porcentaje sancionador del 135% (y no del 145%, como en un principio se fijó) sobre el valor de la obra construida, que ascendió a 18,2 millones.

Esta resolución del órgano municipal puso fin al procedimiento administrativo, por lo que contra la misma no cabía recurso ante la Administración local.

Según señala hoy la prensa provincial, el juez dictó esa providencia a finales del pasado mes de febrero y emplazaba a ambas partes en el litigio a que en el plazo de diez días aclararan ciertos aspectos del procedimiento sancionador, sobre todo en cuanto a si se cumplieron o no los plazos previstos en la instrucción de ese expediente incoado por Urbanismo.

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Andrés Ocaña (IU), señaló ayer que la asesoría jurídica del Ayuntamiento ya ha expuesto por escrito ante el juzgado las razones por las que se consideran que se han cumplido esos plazos en la fase instructora de ese expediente y que ahora lo que toca es esperar que el magistrado dicte la sentencia. Ocaña dijo que los plazos se ha cumplido según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), por lo que, en su opinión, no se ha producido la caducidad del procedimiento sancionador. Asimismo, Ocaña no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de reiniciar de nuevo este expediente hasta que se conozca el fallo del juez, que se producirá en breves fechas.

Si el magistrado considera finalmente en sentencia que se ha producido esa caducidad, Gómez podría quedar en primera instancia exento de pagar esa multa. No obstante, hasta junio que prescribe el expediente, el Ayuntamiento de Córdoba dispondrá de plazo para otras actuaciones.

La multa a Rafael Gómez lleva tramitándose desde junio del año 2005, a raíz de detectarse las primeras actuaciones. Inicialmente, la Gerencia de Urbanismo paralizó las obras --que se culminaron pese a la prohibición dictada-- y empezó a instruir un expediente sancionador cuya primera valoración, acorde con el desarrollo de las obras, ascendió a 6,8 millones.

La multa fue avanzando hasta quedar fijada en 24,6 millones, en función de la tasación realizada de las construcciones. Desde entonces, se han llevado a cabo dos procesos paralelos, uno judicial y otro tributario. En el judicial, Arenal 2000 intentó revocar la multa o, en todo caso, paralizar su pago hasta que existiese sentencia firme. El TSJA acabó revocando esas pretensiones. Ningún tribunal aprobó la paralización cautelar del proceso.