SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la*Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha pedido este miércoles la "máxima urgencia" en la tramitación legislativa de la propuesta de modificación del impuesto de la plusvalía que estudia el Ministerio de Hacienda "para despejar la inseguridad jurídica que sufrimos los ayuntamientos andaluces tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC)".
En un comunicado, Rodríguez Villalobos ha asegurado que la propuesta de reforma en que trabaja un "grupo de sabios" compuesto por técnicos del Ministerio de Hacienda y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) incluye varias modificaciones en la que los municipalistas proponen "una fórmula sencilla de aplicar, que sería transformar la plusvalía en un impuesto a cuenta del IRPF a partir de la capacidad económica del contribuyente".
En su opinión, la reforma de este impuesto debería ser integral y la base actual debería ser sustituida por otra nueva que gravase la capacidad económica donde "sí se tendría en cuenta el incremento real del valor, como en la declaración del IRPF, por la diferencia entre el valor de transmisión menos el valor de adquisición, extendiendo el incremento al valor de construcción", de forma que la cuota del impuesto sería deducible en los impuestos del Estado.
EVITAR LA "DOBLE IMPOSICIÓN" AL CONTRIBUYENTE
Rodríguez Villalobos ha destacado que con esta propuesta la cuota impositiva de la plusvalía sería deducible y se evitaría una doble imposición al contribuyente. "Esto implicaría que se gravaría la plusvalía como ya hace el IRPF. Sería la diferencia entre la venta y la compra, la ganancia o pérdida en la venta del terreno y del inmueble ya sea urbano o rústico, y de la construcción. El ayuntamiento se llevaría la parte que estipulase Hacienda y el resto para el Estado y las autonomías", ha detallado.
Según el presidente de la FAMP, otra propuesta que analizan los técnicos de Hacienda y la FEMP sería una reforma en la que se gravarían las plusvalías de menos de un año, para lo que habría que modificar la base imponible para incluir los coeficientes de variación del mercado inmobiliario del suelo por año y municipio, manteniendo la referencia al valor catastral. Estos índices deberían ser elaborados por el Catastro y se actualizarían en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Rodríguez Villalobos ha recordado que la plusvalía "es una fuente de ingresos municipales que, sólo en 2015, permitió a los 8.122 municipios españoles ingresar 2.675 millones de euros, casi un 13 por ciento de los impuestos directos que recaudaron las entidades locales", mientras que en Andalucía este impuesto dejó ese mismo año 267 millones en las arcas locales, el 9,6 por ciento de la totalidad de las figuras impositivas que aplican directamente los ayuntamientos a sus vecinos.
UNO DE CADA DIEZ EUROS QUE RECAUDAN DIRECTAMENTE LOS AYUNTAMIENTOS
En este sentido, el presidente de la FAMP ha advertido de que "retirar las plusvalías significaría detraer uno de cada diez euros de los ingresos propios que gestionan y recaudan los ayuntamientos, una importante partida que sirve para ofrecer servicios de calidad a los vecinos".
Por último, Rodríguez Villalobos también ha adelantado que el informe del 'grupo de sabios' reivindica la continuidad de las diputaciones, a las que atribuye "un papel fundamental" en la estructura territorial del Estado, y por ello propone que tengan un "marco competencial claro y transparente" que pasa por el "apoyo a municipios de menos de 20.000 habitantes", el 95 por ciento del total en España.
