SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha pedido este martes al Gobierno de la Junta de PP-A y Ciudadanos (Cs) que "retire" el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía aprobado este lunes y que, a juicio del PSOE-A, "beneficia a unos pocos a costa de los demás".
Así lo ha expresado el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Antonio Ramírez de Arellano, en una rueda de prensa en Sevilla en la que se ha preguntado "con quién ha hablado el Gobierno" para la elaboración de este decreto, porque "de manera inmediata han salido sindicatos y consumidores a decir que no han sido consultados ni conocen nada" del mismo.
En ese sentido, ha acusado a la Junta de haber realizado un "ejercicio de funambulismo" y de "falta de rigor", así como de haber creado "inseguridad jurídica" porque "ninguno conocemos ese decreto, sólo la propaganda que se hizo del mismo".
Tras preguntarse por el motivo que justifique "un decreto para cambiar 27 normas", ha querido dejar claro que el concepto de "eliminación de trabas no es ajeno a la acción de gobierno del PSOE" en Andalucía en los últimos años, y al respecto ha señalado que, en 2014, el Ejecutivo socialista de entonces aprobó "un importante decreto que procuraba eliminar las trabas para el establecimiento de negocios", pero que fue "profusamente debatido con todos los agentes".
Se ha preguntado en esa línea si "ha sido consultado el pequeño comercio" en torno a este decreto, porque "se habla de que una de las medidas es la liberalización de horarios para superficies comerciales de más de 300 metros cuadrados".
El portavoz socialista ha llamado la atención acerca de que, según se lee de lo que ha anunciado la Junta, se está hablando de simplificación de "trámites administrativos" pero también "de controles", lo cual "requiere un análisis fino", porque "son cuestiones muy delicadas", según ha advertido.
Además, ha señalado que "habla de relajar los controles alimentarios", pese a lo sucedido con la firma Magrudis y el brote de listeriosis del pasado verano, según ha comentado Ramírez de Arellano antes de subrayar que todo esto "requiere que se produzca un debate y un contacto con los interesados", y "no debería ser objeto de propaganda y frivolidad".
También ha criticado que el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior al Consejo, hablase para justificar este decreto de que "no podía ser un suplicio invertir en Andalucía" sin ofrecer "ningún dato para saber a qué se atenía".
Ha subrayado que "el elemento que pone de manifiesto la evolución de las inversiones en un territorio es el indicador llamado de 'Formación bruta de capital físico'", una magnitud que en los años del gobierno de Susana Díaz "creció cerca de 6.000 millones de euros"; en concreto, "un 6% en 2018" frente al 2,4% que lo hizo en 2019 "con el gobierno de las derechas", según ha advertido.
Tras incidir en que tampoco se conocen "los informes jurídicos, técnicos, presupuestarios, que han acompañado este decreto y deberían estar en las páginas de Transparencia de la Junta", el portavoz socialista ha indicado que lo que "cabe colegir" de lo que se conoce de esta norma es que "se quiere beneficiar a determinados y muy concretos negocios" y "es un nuevo decreto ley para beneficiar a unos pocos a costa de los demás", algo que el PSOE-A "condena".
Así las cosas, el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista ha concluido señalando que "un gobierno responsable debería retirar el decreto y sentarse a hablar con las entidades interesadas, y de verdad con los agentes sociales, con los colectivos afectados por las normas que se plantean, y con la oposición para ver qué aportaciones se pueden realizar".
