El seudo periodista Vito Quiles llega a la concentración convocada bajo el lema 'España combativa' en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO). A 23 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press
SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las universidades públicas de Andalucía han emitido este jueves un comunicado en el que reconocen que asisten "con preocupación" a los "recientes ataques" a la autonomía universitaria, a la libertad de cátedra y contra los gobiernos electos de las instituciones académicas, que "si bien no son nuevos en la historia del país, constituyen una grave amenaza para la convivencia, la democracia y las libertades".
"En la casa del conocimiento, tienen cabida todas las ideas defendidas con rigor y respeto, y todos los debates académicos, científicos y de interés social que contribuyan al progreso. Pero no es el caso de los discursos de odio, la mentira, las insidias, el negacionismo y los delitos contra el honor, que no están amparados por la libertad de expresión", se han referido los rectores andaluces en un comunicado conjunto tras la gira protagonizada por Vito Quiles por varios campus andaluces.
Las universidades públicas de Andalucía defienden que son "parte inalienable de las instituciones democráticas de las que nos dotamos mediante la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, de los cuales emanan nuestra misión y función social" y preservan a la universidad pública como "un espacio de libertad, de igualdad e inclusión, de cultura, de valores cívicos y democráticos, de justicia social. Motivo por el cual la nueva ola reaccionaria ha situado en la diana de sus ataques a las instituciones, como ya hicieran en el pasado".
Ante lo ocurrido en las polémicas visitas de Vito Quiles, los rectorados "no podemos ni debemos permanecer impasibles mientras avanza la crispación social, y se normaliza la violencia física y verbal contra los colectivos más vulnerables de la sociedad. Por ello, han hecho un llamamiento a la ciudadanía y a los gobiernos estatal, autonómico y locales a "impulsar un diálogo público basado en el respeto, la verdad y el interés general" para lo que es, a su juicio, "necesario y urgente" acometer la regulación de las redes sociales que "monetizan" la polarización, las noticias falsas y los discursos de odio.