SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Salud ha asegurado que "tomó medidas contundentes e inmediatas" ante la campaña de publicidad "engañosa" realizada por las Clínicas Pascual en varios medios de comunicación en 2016, y dice que "es absolutamente falsa" la afirmación de IULV-CA de que se haya archivado el expediente administrativo "sin ninguna consecuencia", ya que tras dos requerimientos "la empresa cesó finalmente dicha campaña".
El departamento que dirige Marina Álvarez responde así a las declaraciones realizadas por el coordinador general de IULV-CA y portavoz parlamentario, Antonio Maíllo, en las ha anunciado que su grupo pedirá explicaciones el Pleno del Parlamento a la consejera sobre "el perdón" que ha concedido a Clínicas Pascual al archivar el expediente sancionador que le abrió a esta empresa por la "publicidad fraudulenta" a pacientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante meses en los que no existía concierto con la Junta.
Des este modo, Salud insiste en que la consejería "tomó medidas contundentes e inmediatas" ante esta campaña de publicidad mediante la que se instaba a usuarios en lista de espera a dirigirse a estas clínicas para ser operados.
Además, apunta que, en todo momento, se ha procedido por parte de la Consejería de Salud "siguiendo escrupulosamente lo que establece la normativa" para estas situaciones, por lo que "es absolutamente falsa" la afirmación de IU de que se haya archivado el expediente administrativo "sin ninguna consecuencia".
Así, explica que se presentó una denuncia ante Fiscalía y se inició en paralelo un procedimiento para requerir a la empresa el cese inmediato de dicha publicidad. "Estas acciones --prosigue-- se fundamentaban en que se omitía en dicha publicidad información sobre el procedimiento a seguir para la elección de centro y que dichas clínicas no estaban concertadas con el SAS, por lo que no era cierta la gratuidad de la intervención que se difundía en la publicidad".
Salud señala que la denuncia penal quedó finalmente archivada por entender el juez que el asunto correspondía al ámbito administrativo, de modo que "se inició el correspondiente expediente administrativo y se remitieron a la empresa dos requerimientos para que cesara en la campaña de publicidad. Tras estos requerimientos, la empresa cesó finalmente dicha campaña"
Por tanto, la Administración sanitaria destaca que se logró el objetivo, que era disuadir a la empresa "a continuar confundiendo a la población, evidenciar la publicidad engañosa y que Clínicas Pascual cesara dicha campaña como así ocurrió".
Y concluye que "de no haber cesado esta actividad se habría iniciado un expediente sancionador que podría haber conllevado una sanción de hasta 200.000 euros por la gravedad de la falta y por reiterar la actividad publicitaria denunciada".
