Santiago (IU) pregunta al Gobierno si ha previsto "suspender" las "subvenciones millonarias" a Hitachi, en Córdoba

CÓRDOBA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y diputado nacional de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha registrado varias preguntas dirigidas al Gobierno de España para saber "si tiene previsto suspender o revisar la concesión de las subvenciones millonarias destinadas a la ampliación de la factoría de Hitachi Energy en Córdoba, dado que la Inspección de Trabajo y los tribunales han constatado infracciones legales y vulneraciones de derechos fundamentales en su gestión laboral".

Junto a ello y según recoge en la iniciativa registrada, a la que ha accedido Europa Press, Santiago también espera respuesta escrita del Ejecutivo central "¿qué mecanismos de seguimiento y control de la actividad inspectora se van a activar para garantizar que no se produzcan despidos como represalia por el ejercicio del derecho a huelga en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba?".

Además, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados ha preguntado al Gobierno de la Nación si "se tiene previsto realizar una fiscalización específica sobre el pago de los salarios retroactivos que la justicia ha ordenado, tras las suspensiones cautelares de las sanciones" de empleo y sueldo que la empresa impuso a 76 trabajadores, por "haber participado en una asamblea pacífica en la fábrica", según ha informado CCOO, en el marco del conflicto laboral abierto respecto a la negociación del convenio colectivo.

En relación con todo ello y en la exposición de motivos de la pregunta escrita presentada, Santiago ha señalado que "CCOO ha solicitado recientemente a la dirección de Hitachi Energy en Córdoba la retirada inmediata de las sanciones impuestas a su plantilla. Esta petición se fundamenta en las suspensiones cautelares que los Juzgados de lo Social están decretando respecto a dichas sanciones mientras se juzga su legalidad".

Además, según ha aclarado Santiago, "la suspensión de las sanciones no solo implica la inmediata incorporación de los trabajadores afectados al trabajo, sino que también los tribunales están decretando el carácter retroactivo de la medida, lo que supone que los afectados tendrán que cobrar los salarios correspondientes a los días que han cumplido de sanción hasta el momento".

La representación de CCOO en el comité de empresa, según ha asegurado el portavoz de IU en el Congreso, "pide un ejercicio de reflexión tras los distintos reveses judiciales" para Hitachi, "que están dejando claro que las actuaciones de la firma, hasta la fecha, están vulnerando los derechos laborales de los trabajadores, e infringiendo el derecho a huelga mediante sanciones abusivas y presiones que obligan a la plantilla a renunciar a este derecho constitucional para evitar castigos económicos".

A pesar de todo esto, Santiago ha resaltado que "CCOO reitera su disposición a suspender el conflicto colectivo si se producen avances tangibles en la negociación del convenio", a la vez que exige "la retirada de las sanciones para evitar una judicialización innecesaria que solo genera tensión", opinando el sindicato que "los reiterados rechazos de la dirección a negociar podrían estar ocultando deficiencias en la gestión interna de la empresa".

Junto a ello, según ha recordado Santiago, "se ha instado a la multinacional Hitachi Energy al cese inmediato de lo que se califica como 'represión sindical' y al cumplimiento estricto del marco constitucional y legal vigente" y, "ante el conflicto laboral derivado del bloqueo en la negociación del convenio colectivo, se ha advertido que se realizarán todas las gestiones necesarias para vincular la recepción de subvenciones públicas millonarias, destinadas a la ampliación de la factoría cordobesa, al respeto efectivo de los derechos laborales".

Por eso, a juicio del diputado de Sumar por Córdoba, "se deben realizar las gestiones necesarias para que no se perciban ninguna de las subvenciones millonarias pendientes por parte de la Administración del Estado, destinadas a la ampliación de su factoría en Córdoba, mientras no se respeten las leyes y la Constitución y no se cese la represión sindical".

"Es fundamental --ha proseguido-- que se condicione el mantenimiento de estas ayudas a que la empresa atienda las resoluciones de la Inspección de Trabajo y de los Juzgados de lo Social y lo Penal, los cuales están dando la razón a la plantilla y al sindicato CCOO frente a las denuncias y sanciones interpuestas por la dirección durante el actual conflicto laboral".

Por último y antes de formular al Gobierno de España las preguntas ya indicadas, Santiago ha considerado que es "imprescindible que la dirección" de la empresa "acceda a negociar de manera inmediata y comience a reconocer los derechos laborales de los trabajadores".

Unido a ello, Santiago cree "urgente la necesidad de un plan de industrialización para Córdoba que revise las políticas actuales y apueste por inversiones productivas y suelo industrial en sectores estratégicos. La creación de empleo estable y de calidad resulta imprescindible para evitar la pérdida de población y ofrecer un futuro a los jóvenes de la provincia, garantizando que Córdoba cuente con una industria sólida que evite su deterioro económico y social".