Secretario de Estado, Carmena y Gallardón ven posible una memoria compartida en España pero discrepan en sus enfoques

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SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez; el exalcalde de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, y la magistrada y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, han coincidido este martes en ver posible que se alcance un acuerdo en España en torno a una memoria democrática "compartida", si bien han partido de enfoques distintos para analizar este asunto.

Martínez, Carmena y Gallardón han compartido este martes por la tarde en Sevilla una mesa redonda titulada '¿Todas las cunetas son iguales?', que ha estado moderada por el periodista Ignacio Camacho en la sede de la Fundación Cajasol, dentro de la undécima edición de las jornadas 'Letras en Sevilla'.

A la pregunta de si "es posible en España una memoria compartida sin que nadie tenga que renunciar a su propia interpretación de la Historia", Manuela Carmena ha respondido que "es difícil, es necesario, hay que conseguirlo".

"Creo que este país no será capaz de haber, de verdad, superado la gran herida de la Guerra Civil hasta tanto no será capaz de establecer un relato común", y "no creo que estemos muy lejos, lo que pasa es que a veces hay actitudes que nos hacen sentirnos preocupados", ha agregado la jueza que fuera alcaldesa de Madrid, que ha lamentado que los españoles aún no han sido "capaces de superar esa incapacidad de hacer un relato común".

Por su parte, el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha considerado que "es posible llegar a un acuerdo" a partir de unas "premisas" que lo posibiliten, y al hilo ha explicado que por parte del Gobierno se intentó cuando se estuvo "elaborando la Ley de Memoria Democrática".

Ha señalado que él mismo tuvo la oportunidad de sentarse "con todos los partidos políticos para discutir con ellos la Ley de Memoria Democrática", incluido el PP, a quienes planteó "cuáles eran los ejes fundamentales en torno a los cuales giraría" esta normativa, "marcados especialmente por las directrices de Naciones Unidas, en torno a los grandes principios de Derecho internacional humanitario", de "verdad, justicia, reparación", y de "crear las condiciones para que los hechos traumáticos del pasado no volvieran a repetirse".

Según ha relatado Fernando Martínez, los interlocutores del PP con los que estuvo abordando la elaboración de esta ley le dijeron que tenían "gran interés en llegar a un acuerdo porque es necesario", y que veían "muy bien estructurada" la ley, dentro del "marco del Derecho internacional humanitario", pero le advirtieron de que ya tenían "decidido" que, cuando gobernasen, la iban "a derogar".

"Lo dice nuestro jefe", ha apuntado el secretario de Estado que le dijeron los representantes del PP, un partido entonces presidido por Pablo Casado, que "no se había leído la ley", según ha reseñado.

TRATAMIENTO DE LAS VÍCTIMAS

Dicho esto, el representante del Gobierno ha sostenido que "una de las premisas básicas para tratar de buscar un acuerdo está en torno al tratamiento de las víctimas", y ha reivindicado que la Ley de Memoria Democrática "pone el centro de las políticas públicas en las víctimas", y ha opinado que "si avanzamos en que todas las víctimas de la Guerra (Civil) y de la dictadura (franquista) son iguales, tendremos un paso bastante avanzado para hacer esa historia compartida".

"En última instancia, tendremos que buscar elementos no de confrontación, sino que nos puedan unir", ha añadido Fernando Martínez antes de advertir de que, "como secretario de Estado del Gobierno de España", no renuncia "a tratar de ponernos de acuerdo", desde el convencimiento de que "el tratamiento de las víctimas, como elemento clave fundamental de la ley, puede ser uno de los elementos" para lograrlo.

Por su parte, Alberto Ruiz-Gallardón ha señalado que, a la pregunta de si "es posible tener un relato compartido", habría que responder que, "si miramos hacia atrás, sí", y "por supuesto que podemos construirlo, si nos dejamos guiar por los historiadores".

"Pero si utilizamos la Guerra Civil y la memoria histórica no para saber lo que pasó, sino para sacar rédito de la situación actual, como un arma política, pensando no en el pasado, sino en la próxima confrontación electoral, entonces va a ser absolutamente imposible que se alcance esa versión", ha advertido el que fuera también presidente de la Comunidad de Madrid.

En esa línea, Gallardón también ha opinado que, "si en lugar de los políticos, dejamos que sean los historiadores los que investiguen, documenten y descubran la verdad, y tenemos una actitud humilde de renuncia a utilizarlo como un elemento de confrontación política actual, entonces la respuesta" es afirmativa a la pregunta de si se podría "conseguir ese acuerdo" en torno a una memoria compartida.

Posteriormente, el secretario de Estado le ha replicado que por parte del Gobierno de Pedro Sánchez "jamás" han utilizado la memoria democrática para la "confrontación", y piensa que "quien busque un elemento de confrontación con la Memoria se equivoca, sea quien sea".

Dicho esto, ha dicho que no entendió "nunca" que, "estando de acuerdo con la estructura, con los elementos centrales, vertebradores de la Ley" de Memoria Democrática, en que "había que poner el centro de las políticas públicas en las víctimas", no se pudiera llegar a un acuerdo con el PP "porque ya de antemano había un posicionamiento contrario".

Además, ha subrayado que "en absoluto" todas las víctimas de la Guerra Civil recibieron tras el conflicto un "mismo tratamiento", ya que, mientras que "unas fueron homenajeadas, a otras se les hizo una causa general, fueron criminalizadas, estigmatizadas, invisibilizadas a lo largo de muchísimo tiempo".

Por su parte, Manuela Carmena ha lamentado que, en el momento actual, "cada día es más difícil lograr hasta un pequeño acuerdo" en España, y ha añadido que, "ahora mismo, la única posibilidad" que ve "para conseguir una cierta consolidación de este necesario acuerdo para, sobre todo, que las víctimas tengan aquello a lo que tienen justicia, es concentrarnos en ellas", desde la premisa de que necesitan sobre todo el reconocimiento de la "verdad, saber qué pasó con los suyos, dónde están sus restos".

Finalmente, Alberto Ruiz-Gallardón ha señalado que entiende que "víctimas no son solamente aquellos que murieron o fueron vejados durante la Guerra Civil, sino todos los que lo fueron en época posterior, sin duda ninguna, y no hay que hacer ningún tipo de distinción" al respecto, y comprende "perfectamente el argumento de que aquellos que no tuvieron en su momento la posibilidad, o el derecho, ni siquiera de una exhumación, se debe proceder" a ello, y cree que "es obligación de las administraciones públicas hacerlo".

"Yo creo que eso está fuera de cualquier tipo de cuestión, y que para un país es una vergüenza que haya un cadáver en una fosa, da igual la ideología y, me atrevo a decir, da igual quién sea el responsable de su muerte", ha añadido el exministro de Justicia.

Gallardón ha apostillado que el "problema" radica en si se hace "de eso un instrumento político para alcanzar otros objetivos", porque es entonces cuando se introduce "el elemento que ha dificultado" y "ha enemistado la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y de la de Memoria Democrática", que es la "percepción", por parte de una "parte importante de la sociedad española", de que "se ha utilizado como un instrumento, no de recuperación, sino de desautorización de las propuestas actuales", ha advertido.