SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La segunda reforma fiscal de la legislatura que han escenificado este martes el Gobierno andaluz por un lado y los grupos parlamentarios de PP y Vox por otro, cuyo impacto ha cifrado sobre más de 4 millones de contribuyentes y un beneficio fiscal para éstos de 320 millones de euros, reconoce una pérdida recaudatoria de 31 millones de euros en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que estima se compensará con un aumento del número de contribuyentes.
De todos los tributos reformados la mayor repercusión se dejará notar, según la Memoria Económica difundida, en Actos Jurídicos Documentados, cuyo alcance es de 254 millones de euros para 275.000 beneficiarios.
La cifra aparece en la Memoria Económica asociada a esta segunda reforma fiscal, que toma el testigo de la emprendida en 2019, el primer año de la legislatura. Este texto, junto con la propia Proposición de Ley, lo ha distribuido el PP entre los medios de comunicación.
"La eventual pérdida recaudatoria derivada de la disminución de la presión fiscal nominal estimada en unos 31 millones de euros será con total seguridad compensada con un ensanchamiento de las bases imponibles y la tributación en Andalucía de mayor número de contribuyentes, tal y como ocurrió con la reforma del año 2019", afirma el texto sobre la repercusión de las 14 reducciones de la base imponible que se acometerán en el Impuesto de la Renta.
"Por tanto, con este conjunto de medidas se estima que no sólo se perderá recaudación, sino que se incrementará la misma", prosigue indicando la Memoria Económica sobre el Impuesto de la Renta.
La ejecución de esta reforma fiscal se acometerá con una reforma de la Ley de Tributos Cedidos mediante una Proposición de Ley que da el protagonismo a los grupos parlamentarios, de la que existe una versión doble después de que hayan registrado la misma iniciativa PP y Cs por un lado y PP y Vox por otro.
En ninguno de los documentos difundidos se alude a la entrada en vigor de esta modificación tributaria. El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, ha apuntado en este sentido, a preguntas de los periodistas, su confianza de que entre en vigor en esta legislatura, que de agotarse expira en diciembre de 2022.
La modificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales acordada en Consejo de Gobierno se ejecuta a través de un decreto que ha publicado este mismo martes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y entra en vigor este miércoles.
El cambio supone establecer un tipo único del 7% para las transmisiones patrimoniales onerosas (compraventa de inmuebles u otros bienes) y un gravamen general del 1,2% para los documentos notariales, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de este año, según el texto del decreto.
"El adelanto de la escala prevista para 2023 supondrá que todos los contribuyentes se vean afectados, unido a la reforma de 2019, lo cual supone más de 3,8 millones de contribuyentes", dice la Memoria Económica sobre el alcance de la reforma prevista para el IRPF.
En otro pasaje de ese informe anexo a la Proposición de Ley traslada que "el incremento de las bases imponibles para las deducciones de 19.000 en tributación individual a 25.000 y de 24.000 a 30.000 en tributación conjunta hace que, más de 400.000 contribuyentes puedan acceder de forma adiciona a esas medidas, lo que supone un incremento de un 18% con respecto a la normativa vigente".
CAMBIOS EN CINCO TRIBUTOS
La segunda reforma fiscal que emprende el Gobierno andaluz comporta diferentes cambios en los tributos cedidos. Así, además del Impuesto de la Renta se abordan modificaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y sobre los tributos del juego.
La Memoria Económica apunta una pérdida de recaudación de 2,4 millones de euros en el Impuesto sobre el Patrimonio y de la cual reconoce a 1.300 beneficiarios.
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS: 254 MILLONES
El mayor impacto recaudatorio se dejará notar en la segunda pata del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la tributación por Actos Jurídicos Documentados, tributo donde la Memoria Económica reconoce "un impacto recaudatorio y beneficiarios estimados de 254 millones de euros y 275.000 beneficiarios".
En el caso de Transmisiones Patrimoniales la Memoria Económica traslada que su efecto es "sin coste respecto de la medida vigente, que se mantiene" tanto en impacto recaudatorio como en beneficiarios estimados.
BAJADA EN ACTOS JURÍDICOS Y SUBIDA EN IRPF E IVA
La Memoria Económica describe una metodología de cálculo del beneficio fiscal en el caso de Actos Jurídicos Documentados.
"Para calcular el impacto recaudatorio de esta medida se han analizado los ejercicios 2018-2020. Para ajustar la estimación se decide tomar como referencia el ejercicio 2019, ejercicio con comportamiento normal sin considerar las consecuencias de la crisis provocada por el Covid-19", sostiene el texto.
"Esta teórica pérdida recaudatoria derivada de la bajada de tipos, y por ende, de la presión fiscal normativa, se verá compensada con la atracción de nuevos inversores, con el destino del ahorro de los contribuyentes a mayor consumo derivado de las citadas compraventas, lo cual repercutirá positivamente en mayor recaudación en otras modalidades impositivas como IRPF al generarse mayor actividad económica y por IVA, al aumentarse los gastos en bienes de inversión directamente relacionados con las adquisiciones de inmuebles", concluye argumentando el texto.
