SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Universidades, Joan Subirats, ve con "preocupación" el reconocimiento o constitución de universidades privadas que cuenten con informes "desfavorables" de la Conferencia General de Política Universitaria, como es el caso de la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (Utamed), cuyo anteproyecto de ley de reconocimiento recibió la 'luz verde' del Consejo de Gobierno andaluz el pasado 14 de febrero.
El titular de Universidades del Gobierno central se pronuncia sobre esta cuestión en un par de respuestas a sendas preguntas registradas por diputados de Vox en el Congreso a propósito del reconocimiento de dos nuevas universidades privadas en Andalucía, la ya citada y la CEU Fernando III, que se tramitan actualmente en el Parlamento autonómico.
Según consta en los expedientes vinculados a los anteproyectos de ley de reconocimiento de ambas universidades privadas, consultados por Europa Press, el proyecto de la CEU Fernando III recibió informe favorable de la Conferencia General de Política Universitaria, a través de su Comisión Delegada, en septiembre de 2021, mientras que, por el contrario, el mismo organismo, en sesión celebrada en marzo de ese mismo año, acordó "por unanimidad" emitir "informe desfavorable" en relación al expediente de reconocimiento de la Utamed, de enseñanza a distancia.
Un grupo de diputados de Vox dirigió al Gobierno central a través del Congreso una serie de preguntas en relación al reconocimiento de dichas dos universidades privadas en Andalucía, subrayando que, "ante los nuevos centros universitarios, los técnicos del Ministerio de Universidades emiten un informe sobre la calidad de las mismas" que, posteriormente, "se somete a votación en la Conferencia General de Política Universitaria, de la que forman parte el ministro de Universidades y los gobiernos regionales".
Al respecto, el ministro ha respondido a los diputados de Vox remitiéndose al artículo 3.1 a) del Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, que señala que "la creación de las universidades públicas y el reconocimiento de las universidades privadas, que en este último caso tendrá carácter constitutivo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, se llevará a cabo por Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio vaya a ubicarse, previo informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria", y "la propuesta de dicho informe será elaborada por el Ministerio de Universidades".
En una contestación fechada el pasado 3 de abril y consultada por Europa Press, el titular de Universidades añade entonces su "preocupación" ante los casos en los que "el reconocimiento/constitución de Universidades privadas por las Comunidades Autónomas" esté "precedido de informes desfavorables de la Conferencia General de Política Universitaria, ya que dichos informes, aunque sean preceptivos, comunican alguna anomalía respecto del cumplimiento de los requisitos necesarios para generar una oferta académica adecuada y con la realización de actividades de investigación y transferencia necesarias".
Por otro lado, y en respuesta a otra pregunta de los diputados de Vox sobre si el Gobierno andaluz ha remitido al central "algún informe en el que justifique la aprobación de la creación" de sendas universidades privadas, el ministro ha aclarado que "no existe obligación de ningún tipo a cargo de los Gobiernos regionales para el envío o remisión de informes en el sentido indicado".
En concreto, el ministro precisa a los representantes de Vox que, "en todo lo relativo a los derechos y deberes de las partes implicadas en el proceso de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de las universidades señaladas, a la normativa vigente en el momento de dicha tramitación, que era el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios", no existe "obligación de ningún tipo a cargo de los Gobiernos regionales para el envío o remisión de informes en el sentido indicado" por los referidos parlamentarios.
