Trasvase de funcionarios: Junta atribuye a una comisión que haga propuestas para "mejor aprovechamiento" de los recursos

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública tiene en fase de elaboración el decreto para crear la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Andalucía, un órgano futuro al que le atribuye una docena de competencias, entre ellas, hacer estudios e informes sobre empleo público que le encomienden las administraciones públicas de Andalucía, aunque sus "acuerdos, informes, y propuestas no tendrán carácter vinculante" para sus solicitantes.

La Consejería dota a este futuro órgano de la capacidad de "analizar y proponer medidas de movilidad interadministrativa" con la idea de lograr "un mejor aprovechamiento de los recursos humanos" y que de esa forma se garantice "la eficacia del servicio que se preste a la ciudadanía", según el texto al que ha accedido Europa Press.

El futuro decreto acabó el jueves el plazo de alegaciones, que se abrió el 16 de abril. La previsión es que la Comisión se constituya al mes de la entrada en vigor del decreto de creación, que será al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En estos momentos el Gobierno andaluz señala en la web del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) que tiene en marcha 561 procesos selectivos, de los cuales 410 son de acceso libre, 340 los considera finalizados y 47 están pendientes de convocatoria. De ese total 494 son para funcionarios, y 78 se corresponden con la Administración General.

La Junta de Andalucía roza los 300.000 empleados (292.093), cuyo desglose es que 46.763 son de Administración General; 106.806 son docentes; 115.406 son sanitarios. La cifra se complementa con 8.336 efectivos que son personal de Justicia y 14.782 son personal laboral que no pertenecen al VI convenio colectivo. Son los datos que figura en el Anexo de Personal del Presupuesto de este año.

El gasto de personal de la Junta de Andalucía previsto en este 2025 es de 16.278,86 millones de euros, un tercio del gasto total presupuestario, que es de 48.871,60 millones.

Además de esa facultad de hacer estudios e informes sobre empleo público en Andalucía que le pidan, podrá igualmente "con carácter facultativo" informar sobre los proyectos normativos de este ámbito, o abordar también "las propuestas de criterios de actuación homogénea" en empleo público y "analizar y evaluar" los planes y programas de empleo público.

A esa Comisión de Coordinación prevé la Consejería de Justicia atribuirle la definición de los sistemas de información necesarios para hacer "diagnósticos de recursos humanos, el análisis de la situación del empleo público y la formulación de propuestas y recomendaciones de actuación".

La Junta contempla que ese órgano tenga la capacidad de dirigir un informe anual de seguimiento del empleo público de Andalucía a la Consejería competente en Función Pública, que seguidamente puede derivarlo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Plantea el futuro decreto que la Comisión de Coordinación del Empleo Público propicie "intercambiar experiencias, aunar criterios y promover políticas comunes" para el personal empleado público de Andalucía.

Ha diseñado la Junta que este futuro órgano pueda hacer "propuestas de criterios comunes" sobre los progresos alcanzados en otra Administración sobre el sistema de carrera profesional y sus efectos en la retribución de las administraciones públicas de Andalucía.

Quiere la Junta que este órgano promueva "medidas de cooperación y asistencia técnica" para solucionar "las carencias" que puedan tener algunas Administraciones públicas ante situaciones como los procesos selectivos, la implantación de la carrera profesional horizontal o de sistemas objetivos de evaluación del desempeño.

Le pide la Administración autonómica que la Comisión de Coordinación del Empleo Público desarrolle las actuaciones para "garantizar la efectividad de los principios constitucionales en el acceso al empleo público" y le abre la puerta a la asunción de "otras funciones que le sean expresamente encomendadas por norma legal o reglamentaria".