JAÉN, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén juzga este lunes a tres responsables de una inmobiliaria de la capital jiennense por un delito continuado de estafa. Los tres acusados se enfrentan a una pena de seis años de cárcel que es lo que inicialmente solicita el Ministerio Fiscal para este caso en el que hay más de 200 personas afectadas a las que les estafaron más de 300.000 euros.
Se trata de la estafa inmobiliaria de mayor tamaño perpetrada en la ciudad de Jaén donde numerosas familias y particulares vieron como a lo largo de 2009 se volatilizaban sus entregas a cuenta a una inmobiliaria para hacer realidad su sueño de contar con una vivienda en una zona inigualable de la ciudad.
Los presuntos responsables de la estafa y que se sentarán en el banquillo de los acusados son el matrimonio formado por Manuel Jesús C.C., de 40 años, y Marta C.P., de 37 años, que promovió la promoción de casas unifamiliares bajo el nombre de 'Ciudad La Yedra', así como Pablo R.E., de 45 años. Los acusados anunciaron la promoción sobre unos terrenos que ni tan siquiera eran de su propiedad y para los que no habían hecho ninguna gestión previa de compra con los propietarios de los mismos.
Es por esto por lo que Fiscalía entiende en su escrito de calificación provisional al que ha tenido acceso Europa Press que el único fin de los acusados era "dar apariencia de verdad" a una operación con la que sólo buscaba "obtener un beneficio patrimonial sin contraprestación de clase alguna".
Los acusados publicitaron la promoción y fueron cientos de personas las que se pusieron en contacto con la inmobiliaria. Concertadas las entrevistas, los acusados les informaban del proyecto e incluso en algunas ocasiones se trasladaban hasta los terrenos para enseñárselos a los potenciales clientes, muchos de ellos jóvenes parejas que tenían previsto casarse a medio plaza y que buscaban su primera vivienda.
Los acusados también les mostraban los planos de situación y los proyectos en plano de construcción para que vieran la calidad y viabilidad del trabajo, todo ello con las miras puestas en convencerles de que adquirieran las viviendas proyectadas.
Finalmente fueron unas 200 personas las que suscribieron el contrato tipo para "reserva prioritaria en la elección de vivienda" que era suscrito en algunas ocasiones por Manuel Jesús C.C., en calidad de administrador de 'Gestión del Suelo Estudio de Urbanismo Ahillos', o por su esposa y también acusada como gerente. La suscripción de este contrato conllevaba el desembolso de 1.500 euros que todos los afectados depositaron bien en la oficina donde firmaron o en diversas entidades bancarias.
Una vez hecho el desembolso para la adquisición de las viviendas, cuyos precios oscilaban entre los 210.000 y los 150.000 euros, los acusados comunicaban a los compradores que no tendrían que realizar gestión alguna hasta que el Ayuntamiento de Jaén les concediese la la licencia para el proyecto en su totalidad ya que sólo contaban con una licencia parcial. Asimismo, advertían a los compradores que las gestiones con la Gerencia de Urbanismo podrían sufrir algún retraso.
Para tranquilidad de los compradores, los acusados recogían en el contrato tipo que en el caso de que la promoción no saliera adelante, la gestora se comprometía a "la total devolución en los plazos establecidos mediante pagaré nominativo o transferencia bancaria".
Finalmente, los compradores tras reclamarles en innumerables ocasiones que cumplieran lo pactado, acabaron acudiendo a Urbanismo donde les informaron que sobre los terrenos en cuestión no había proyectada ninguna urbanización puesto que estaban situados en una zona clasificada como no urbanizable protegido por interés agrario.
Con esta información, los perjudicados comenzaron a interponer denuncias en la Policía Nacional con fecha de 3 de septiembre de 2009 para reclamar la devolución de los importes abonados e impedir que los acusados siguieran vendiendo la promoción.
Para este juicio, la Audiencia ha reservado durante cuatro días la sala de vistas ante el elevado número de testigos que tendrán que prestar declaración.
