La contratista principal de la demolición asegura que el Ayuntamiento la "presionaba" para ejecutar numerosas rehabilitaciones para "ornato" de la ciudad
GRANADA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El que fuera gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Lorente, y otros dos técnicos municipales del Servicio de Arquitectura eludieron hoy cualquier responsabilidad en el accidente que se produjo el 21 de diciembre de 2004 en las obras de derribo de un edificio situado en la Cuesta de Gomérez y que costó la vida al obrero ecuatoriano Guillermo Stalin España, siniestro por el que se enfrentan, junto a otros seis imputados, a penas de tres años de prisión y cuatro de inhabilitación, por la posible comisión de los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad en el trabajo.
En su comparecencia en el Juzgado de lo Penal 6 de Granada, que acogió hoy la primera sesión del juicio por estos hechos, Lorente, que fue director general del Área de Planificación Urbanística del Ayuntamiento hasta el 15 de noviembre --fecha en la que pasó a ocupar el cargo de coordinador general de Planificación Urbanística y Obras Municipales--, dijo desconocer el pliego de condiciones por el que los trabajos le fueron adjudicados a la empresa de Rehabilitaciones y Demoliciones de Granada y si existía o no un plan de seguridad en la obra.
"El pliego debería estar bien hecho. Yo no entro a cuestionar si estaba bien o mal, yo sólo digo que los técnicos municipales sólo se podían limitar a aplicarlo", señaló el ex número dos de Urbanismo, que consideró que las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales a imponer las habría de concretar la contratista en este caso de la ejecución subsidiaria del derribo. Lorente aseguró además que el Consistorio incluía habitualmente en este tipo de documentos, donde la actuación es urgente, un estudio de seguridad genérico, para que se pudiera aplicar con carácter "inminente".
En cualquier caso, incidió en que su participación en el caso de Gomérez fue aportar su firma a la certificación de obra y nada más y precisó que, en caso de incumplimiento o en prevención de riesgos laborales, sería la coordinadora de seguridad designada a los efectos, la también imputada M.P.G.G., para la que el Ministerio Público pide tres años de prisión y cuatro de inhabilitación por homicidio imprudente y otro delito contra la seguridad en el trabajo, la encargada de paralizar la ejecución.
En la misma línea se pronunciaron los acusados Jacobo de la Rosa Herrera, que fue arquitecto jefe del Servicio de Arquitectura hasta el 15 de noviembre de 2004, y Jorge Moreno Monchón, arquitecto técnico municipal, que sostuvieron que la actuación del Consistorio sólo se limitaba a "priorizar y controlar los trámites de las certificaciones de obra", por lo que no correspondía al Servicio elaborar un plan de seguridad o hacer indicaciones a la empresa adjudicataria al respecto.
No obstante, Moreno Monchón reconoció que un particular llegó a presentar denuncia en octubre de 2004 por los daños que las obras de demolición estaban ocasionando en su vivienda, colindante al edificio a derribar, y advirtiendo de que podría producirse "una desgracia personal".
Fue entonces cuando hizo una llamada a la arquitecta encargada de la dirección de obras y la coordinación en materia de prevención de riesgos laborales. M.P.G.G., "manifestándole el contenido de la denuncia y que comprobara esos extremos para que se adoptaran las medidas oportunas". Ésta, según indicó, le informó posteriormente de que en la obra "no pasaba nada" y que se habían ordenado las actuaciones pertinentes.
M.P.G.G. explicó por su parte que fue nombrada por el Ayuntamiento en el año 2001 para asumir la dirección de obra y coordinadora de seguridad en las ejecuciones subsidiarias. Así, se encargó de la de Gomérez que, a su entender, no necesitaba un plan de seguridad específico puesto que no contaba con proyecto técnico, que, por otro lado, "nunca" le exigió el Ayuntamiento.
Rehabilitaciones y Demoliciones subcontrató los servicios de otra empresa, concretamente con Hermanos Rodríguez --cuyos responsables también están inculpados en la causa--, 3que la propia M.P.G.G. propuso a la primera. Sin embargo, la coordinadora no llegó a ver a los hermanos en la obra salvo a uno de ellos en una o dos ocasiones y siempre trataba con el también imputado A.S.S. --responsable de la empresa Alsa--, como encargado de la obra, que a su vez había sido subcontratado por Hermanos Rodríguez. De esa manera, M.P.G.G. conocía las circunstancias de subarrendamiento de la obra, si bien no investigó la situación laboral de las personas que trabajaban en el derribo, ni tampoco recibió quejas de éstos.
Según aseguró, no puso en conocimiento del Ayuntamiento esta doble subcontratación porque "no sabía que tenía que hacerlo" y, aunque entendía que la obra era "peligrosa", no consideró oportuno que se elaborase un plan de seguridad, puesto que éste habría de haberse adjuntado al proyecto técnico, que en este caso tampoco existía, de manera que ordenaba "verbalmente" las medidas a adoptar a los trabajadores de la obra y a A.S.S.
La representante legal y única administradora de Rehabilitaciones y Demoliciones Granada, L.D.M., para la que la Fiscalía solicita tres años de cárcel y cuatro de inhabilitación por los mismos delitos, aseguró que subcontrató a Hermanos Rodríguez por la imposiblidad de asumir más trabajos, puesto que en esa época el Ayuntamiento la "presionaba" para ejecutar "muchas obras", sobre todo de rehabilitación para "ornato" de la ciudad. "Antes de que cambiara la corporación, sólo se nos encargaban las demoliciones urgentes, pero después --con el PP-- el concejal tenía mucho interés en poner bonita la ciudad", mantuvo.
Así, se vio obligada a subcontratar a la empresa mencionada pero preguntándole antes si tenía experiencia en derribos. A través de S.R.C. --que está también imputado por los mismos delitos junto a su hermano M.R.C.--, llegó al acuerdo y le entregó un cheque por más de 5.000 euros. Desconocía sin embargo que Hermanos Rodríguez iba a encargar el trabajo a Alsa, empresa que L.D.M. conocía pero que no le gustaba "cómo trabajaba". "Me enteré de que se había sub-subcontratado después de que ocurriera el accidente", sostuvo la acusada, quien agregó que la obra no contaba con un plan específico de seguridad y que sólo se basab en uno genérico para todo tipo de trabajos.
El representante de Hermanos Rodríguez, S.R.C., reconoció que firmó el contrato con Rehabilitaciones si bien aseguró que "en el mismo día" se lo cedió a Alsa, puesto que no tenían experiencia ni trabajadores para ejecutar la demolición. Así, no cobró por el trabajo y el cheque que recibió se lo entregó inmediatamente a A.S.S. Preguntado no obstante por las razones por las que aceptó el contrato, S.R.C. dijo desconocer por qué lo hizo, y negó haberse beneficiado económicamente de la operación. Su hermano estaba de baja por depresión, por lo que no tuvo intervención en el proceso, según indicó el propio M.R.C.
A.S.S. admitió que sus empleados en la obra de Gomérez no estaban dados de alta en la Seguridad Social y que los extranjeros, entre ellos el fallecido, ni siquiera contaban con permiso de trabajo ni residencia en España. Les pagaba semanalmente unos 200 ó 300 euros, si bien desconocía que ese salario estaba por debajo del convenio. A uno de sus trabajadores, el noveno acusado, F.J.P.G. le pidió el favor de que se diera de alta como autónomo, porque si no "no podría certificar la obra", manifestó hoy éste ante el juez.
El juicio está previsto que continúe mañana con la comparecencia de una veintena de testigos, entre los que se encuentra el que fuera concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo (PP). El miércoles, que se prevé que será la última sesión, será el turno de los peritos y la exposición de conclusiones definitivas e informes de las partes.
