SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT en Andalucía ha reprochado este martes a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda "la falta de previsión" ante la alta demanda del bono de alquiler joven, una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años, y, además, ha criticado los "farragosos" requisitos de la misma.
Esto se suma, según ha señalado a Europa Press, a su "malestar" por "la tardanza" en poner en marcha esta ayuda, siendo "Andalucía la última región en ponerla en vigor". Se trata de una medida aprobada por el Gobierno central en el mes de enero y, según recuerda el sindicato, a principios de año, transfirió a la comunidad 68 millones de euros.
"La web donde se realiza la solicitud telemática se queda colapsada y sin funcionamiento en muchas ocasiones", ha lamentado UGT-A, que ha apuntado que para realizar la solicitud se ha dispuesto de un manual de ayuda que es "dificultoso y largo de comprender".
El sindicato también ha manifestado que estas ayudas son "insuficientes" y ha instado a establecer otras medidas que "estimulen que los alquileres sean más asequibles", como un límite de alquiler que esté basado en un tope de euros por metro cuadrado y acorde con el precio actual medio de la zona.
En contra de esto, ha señalado que "la Junta no ha procedido a limitar los precios del alquiler en manos de grandes propietarios en zonas donde el coste del alquiler supera el 30% de las rentas de las familias que habitan esa zona, lo que dificulta y mucho el acceso a una vivienda para los jóvenes".
De igual manera, ha detallado que los presupuestos de Andalucía para el ejercicio 2023, en materia de Vivienda, ha disminuido la partida en más de un 16% con respecto al año anterior, es decir, "68 millones de euros menos, suponiendo que dichos 68 millones son lo que el Gobierno de España destina para la Comunidad Autónoma de Andalucía para el Bono de Alquiler Joven". En este sentido, ha pedido a la Junta no "vanagloriarse" de una iniciativa que "ni reglamentariamente ni presupuestariamente le corresponde al Gobierno andaluz".
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