UPA pide más trazabilidad y definir con claridad qué es olivar tradicional

Archivo - Aceite de oliva en almazara

- EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA ha presentado alegaciones al borrador de Real Decreto que aprobará la norma de calidad en los aceites de oliva y lo ha hecho poniendo el foco en la necesidad de una mayor apuesta por la trazabilidad y en definir lo que se entiende por olivar tradicional.

El responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA, y secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, ha indicado en un comunicado que "puede ser interesante introducir una definición en la norma para olivar tradicional" ya que "es indispensable que la diferenciación entre los aceites de oliva procedentes de distintas formas de cultivo sea apoyada por las administraciones, dotándola de seguridad jurídica".

Ha incidido en que en los últimos meses han comenzado iniciativas de comercialización de aceite de oliva virgen extra procedente de 'olivar tradicional', por lo que "establecer una definición expresa en la norma puede convertirse en una iniciativa fundamental para la diferenciación y valorización vía precio de este tipo de aceite".

Para UPA la definición para olivar tradicional para por "aquel sistema de producción que tiene lugar con una pendiente mayor del 20 por ciento o cuyo marco de plantación da lugar a una cantidad igual o menor a 180 árboles por hectárea, independientemente de la pendiente de la parcela".

Dentro de las alegaciones presentadas por UPA se hace referencia a conceptos como "suave" o "intenso", que se reflejan en el etiquetado final de ciertos aceites de oliva. Al respecto, Cristóbal Cano ha apuntado que "tradicionalmente estas menciones han dado lugar, a nuestro juicio, a una clara desinformación de los consumidores, confundiendo en muchos casos aceites con estos adjetivos con otros de categoría superior".

"Con la nueva redacción propuesta por el Ministerio nos quedan dudas sobre el margen que pueden tener los envasadores para seguir introduciendo conceptos de este tipo que para nada ayudan a mejorar al conjunto del sector y que hay que desterrar", ha dicho Cano.

En cuanto a la trazabilidad, para UPA es un concepto "fundamental" para que la norma de calidad tenga un resultado efectivo en el mercado. Es por ello por lo que aplauden la introducción en el borrador del uso de soportes informáticos que permitan "disponer de herramientas ágiles y modernas que aseguren la trazabilidad del producto y se conviertan en la herramienta de control efectiva que necesita el sector para mejorar la información y la seguridad hacia el consumidor final".

Por eso, Cristóbal Cano ha defendido que la norma tiene que hacer hincapié "de manera más clara en este tema, con el establecimiento de una fecha límite para la puesta en marcha, por ejemplo de 12 meses, desde la entrada en vigor del Real Decreto".

UPA tampoco comparte la modificación planteada en este borrador sobre la separación de instalaciones en la industria. Desde UPA apoyan que todas las almazaras, las refinerías y las extractoras de aceite de orujo estén ubicadas de manera independiente, "sin que pueda existir conexión por conducción alguna, lo que reduciría las dudas que puedan existir sobre la calidad del producto en todo momento".

Para permitir una "transición justa" a todos los operadores, UPA plantea que se establezca un periodo transitorio de tres años desde la entrada en vigor del Real Decreto para llevar a cabo dichas modificaciones. "En cualquier caso, todo operador que no cumpla con este requisito debería ser objeto de un control especial por parte de las autoridades competentes", ha dicho Cristóbal Cano.

La conservación del producto es otro aspecto en el que han planteado "establecer ciertas exigencias adicionales para las labores de almacenamiento en el punto de venta". En cuanto al etiquetado, Cristóbal Cano entiende que sería oportuno establecer, "como requisito obligatorio", la información sobre la cosecha o cosechas a la que corresponde el producto.

"Sin duda alguna, esta información puede ofrecer transparencia al consumidor a la hora de elegir su compra en el punto de venta y no limita en ningún caso el trabajo de los distintos operadores", ha dicho.

Por último, el dirigente de UPA ha señalado que el régimen sancionador debe ser "eficaz, proporcionado y disuasorio", por lo que "además de las cuantías acordes con el desprestigio y el daño económico generado, las sanciones deben ser públicas y todo el mundo debe conocer las actividades prohibidas que llevan a cabo los infractores".