SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los juzgados han dejado vista para sentencia la demanda interpuesta por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) contra la orden del currículo del Bachillerato de julio de 2016, una vez que se ha procedido a la remisión del escrito de conclusiones por parte del colectivo.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de APIA, que por otra parte ha procedido contra la orden por la que se regula el currículo de la ESO. En ambos casos, sostiene, la Junta de Andalucía ha "dilatado" los dos procesos judiciales al máximo al tardar en entregar el expediente administrativo que era requerido por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La demanda se dirige contra determinados artículos de la orden, sosteniendo en este sentido la asociación que la Consejería habría alterado el modelo de acta de evaluación final del Bachillerato, recogido en una norma básica de carácter estatal, al añadir "de forma espuria" unas anotaciones referidas al nivel competencial alcanzado por el alumno, ignorando, según los profesores, que la calificación numérica contenida en dichas actas ya es expresión del logro de los objetivos competenciales fijados.
También se habría incurrido en ilegalidad en los artículos relacionados con la prueba extraordinaria de septiembre, recogida en la Ley Orgánica de Educación. Por un lado, se establece la obligación de elaborar un informe de evaluación negativa por parte del profesorado de las materias correspondientes, con la propuesta concreta de recuperación, para, más adelante, disponer, "en flagrante contradicción con lo expuesto", que la prueba extraordinaria de septiembre sea elaborada por el departamento de coordinación didáctica correspondiente, en lugar del profesor titular que tenga el alumno con la materia pendiente, "generando con ello una notoria inseguridad jurídica".
El sindicato de docentes andaluces se apoya no únicamente en su propio criterio razonado, sino también en los dictámenes de la Secretaría General Técnica de la propia Consejería, de su asesoría jurídica y de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, aportados en todos los casos al expediente.
El colectivo de profesores afirma que "en esta tendencia oscurantista, que tan reiteradamente exhibe la Consejería cada vez que tiene ocasión", la Junta busca limitar de manera extraordinaria la difusión de los resultados de dichas evaluaciones hurtando al conjunto de la comunidad educativa su conocimiento.
En su lugar, la Consejería ordena que los resultados sean conocidos en exclusiva por una "restringidísima" comisión para ocultar el "fracaso" del sistema educativo en la comunidad. De hecho, la demanda interpuesta por APIA se dirige también contra la creación "completamente espuria" de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones, encargadas de informar de las reclamaciones en segunda instancia a las calificaciones finales de la ESO y el Bachillerato.
