Archivo - Milano real envenenado. Imagen de archivo. - PACO GARCÍA SEO/BIRDLIFE - Archivo
MADRID/SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
WWF ha felicitado a la administración de Andalucía por el respaldo que han recibido en el Tribunal Superior de Justicia en su esfuerzo de perseguir el uso ilegal del veneno, con sanciones por casos de veneno impuestas a titulares cinegéticos en Córdoba y Toledo.
Para la ONG esta sentencia reafirma el "papel" que juegan las comunidades autónomas en la persecución legal del uso de veneno para que estos delitos e infracciones contra la fauna no queden impunes.
En esta se juzgaba el incumplimiento de las obligaciones de vigilancia de los titulares cinegéticos para evitar la existencia de cebos envenenados en sus terrenos de caza. La organización subraya que se trata de una obligación incluida en las respectivas leyes regionales de Conservación de la Naturaleza. Los sancionados recurrieron en vía contenciosa las resoluciones que han sido ahora confirmadas por los tribunales.
En el envenenamiento de Córdoba, el Tribunal ha confirmado los 12.000 euros de multa y la suspensión del aprovechamiento cinegético por un año y seis meses, y ha confirmado la legalidad del hecho de que la administración hubiera tenido en cuenta los antecedentes de envenenamiento ocurridos en el mismo coto, situado en el término de Priego de Córdoba.
La responsable del programa de especies de WWF España, Gema Rodríguez, ha manifestado que las "sanciones en casos de delitos o infracciones contra la fauna son de vital importancia para que estos crímenes no queden impunes".
"En estos casos es importante el reconocimiento en las sentencias de la obligación legal de vigilancia por los cotos de caza para evitar el uso de veneno, así como las medidas de suspensión de caza temporal con fines reparadores de las especies".
La ONG celebra las señales "claras" que está dando Andalucía para mantener su trayectoria de liderazgo en la lucha contra el veneno en España, como muestra una decisión tan importante como la recuperación de la segunda unidad canina especializada en detección de veneno, que se había perdido hace diez años en la región.
"Esto supone un paso adelante en el compromiso de la nueva administración autonómica contra una de las mayores amenazas para las especies de fauna, en España y en Europa", elogia la organización.
No obstante, recomienda a la Consejería andaluza que estudie subir a infracción grave la omisión del deber de vigilancia de los titulares de los terrenos, para impedir la existencia o colocación de cebos envenenados en condiciones de dañar a la fauna silvestre.
Este cambio, a pesar de que la omisión ya está recogida en la Ley (8/2003) de flora y fauna silvestres de Andalucía, permitiría equiparar dicha infracción con lo establecido en Castilla-La Mancha y tendría una mayor efectividad.