SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular defenderá una proposición no de Ley en el Pleno del Parlamento andaluz en la que insta a la Junta a firmar convenios con los ayuntamientos para asumir la financiación de nuevos agentes de Policía Local que presten especial atención a las funciones relativas a las diligencias de prevención de actos delictivos, a la vigilancia de los espacios públicos y a la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP reclama un "mayor protagonismo" de la Junta en la "potenciación" de la Policía Local porque el "fracaso" de la política de seguridad del Gobierno "está generando mayores índices de delincuencia e inseguridad" mientras que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "está tratando de transferir esa responsabilidad a los municipios, violentando el mandato constitucional".
Tras subrayar su "firme oposición" a que el Gobierno "eluda su responsabilidad en materia de seguridad ciudadana y trate de derivar su propia responsabilidad a los ayuntamientos", los populares garantizan que los municipios gobernados por su partido "sí están dispuestos, y lo han estado siempre, a cooperar con el Gobierno de la Nación en mejorar la seguridad de sus ciudadanos manteniendo el principio de una responsabilidad indelegable por parte del Estado".
En su opinión, la Junta "debe tener un mayor protagonismo en la coordinación y potenciación de las policías locales y en la cooperación con el Estado para mejorar la seguridad ciudadana en Andalucía", actuando con un "concepto amplio y moderno de seguridad" que vaya más allá de la "mera acción policial" para incluir aspectos como la protección de los ciudadanos ante catástrofes o situaciones de emergencia, la prevención del vandalismo y de conductas incívicas o la garantía de la convivencia en colegios o en centros sanitarios.
"Sin seguridad no hay calidad de vida ni puede haber libertad. Cuando los ciudadanos tienen miedo a ser atacados y agredidos incluso dentro de su propio domicilio, restablecer la seguridad ciudadana se convierte en una demanda social inapelable", subraya el Grupo Popular, que se marca como prioridad política "garantizar la seguridad de los ciudadanos", que además constituye "la principal obligación del Gobierno de la Nación".
