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SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio promovido contra una mujer acusada de un presunto delito de estafa continuada cometido supuestamente sobre casi una treintena de personas y una sociedad limitada, de quienes habría cosechado cuantías que suman un montante global de casi 1,3 millones de euros, para unas inversiones que "nunca" habrían sido materializadas, pues la inculpada habría aprovechado dicho dinero para su propio beneficio.
La acusada, Asunción T.B., administradora única de tres sociedades inmobiliarias que "carecían prácticamente de actividad" pero respecto a las cuales habría conseguido "aparentar solvencia profesional y económica", según el escrito de acusación de la Fiscalía, ha defendido durante su comparecencia ante el tribunal las diferentes operaciones investigadas.
Mientras la Fiscalía considera que entre 2007 y 2008 la acusada habría "prometido intereses desmesurados que en ocasiones alcanzaban el 120 por ciento" para que unos 30 inversores "le entregasen cantidades de dinero ofreciendo realizar con ese dinero unas inversiones que nunca se llegaban a efectuar, aprovechándose de las cantidades en su beneficio", Asunción T.B. ha alegado que ella "especulaba con el dinero bancario, al igual" que al menos una de las personas afectadas por los hechos, según ha asegurado.
Frente al escrito de acusación de la Fiscalía, según el cual las cantidades cosechadas de los inversores eran destinadas "a su propio beneficio y parte del pago de intereses de otras cantidades previamente recibidas de otros inversores", pero "sin realizar inversiones que pudieran generar beneficios", la encartada ha admitido deudas con los afectados, esgrimiendo que en aquellos tiempos "no se vendía absolutamente nada" en materia inmobiliaria y alegando diferentes operaciones para intentar compensar tal extremo.
LAS CANTIDADES
Las cantidades obtenidas de los citados inversores, según la investigación, habrían oscilado entre un mínimo de 3.000 euros y un máximo de 250.000 euros, con aportaciones de 156.264 y 134.000 euros en algunos casos, hasta sumar un montante global que roza los 1,3 millones de euros.
Y mientras la Fiscalía le acusa de crear una nueva sociedad bautizada como Strategic International Company Operations, incorporando a la misma "inmuebles y créditos sin valor real, porque los inmuebles soportaban hipotecas y embargos que superaban el valor real" de los mismos, la inculpada ha asegurado que fueron los mencionados inversores quienes le "alentaron" a fundar tal sociedad y le "aportaron dinero" para ello tras explicarles ella la "situación" que arrastraban las inversiones.
Ella, según ha sostenido, adquiría esas "deudas a los bancos" y el "activo" de su negocio eran precisamente "las cargas hipotecarias", según ha explicado.
NIEGA "CHEQUES SIN FONDOS"
En paralelo, ha negado que reaccionase ante los afectados cerrando cuentas bancarias. "Las entidades financieras decidieron dejar de trabajar con nosotros", ha alegado con relación a la rescisión de las citadas cuentas bancarias, negando además que firmase "cheques sin fondos" y asegurando que los documentos señalados eran "renovaciones de letras de préstamo".
Del mismo modo, ha atribuido a una de las supuestas afectadas el cobro de "comisiones en B" por algunas de las operaciones, negando que amenazase a los inversores con el aviso de que "no verían un duro en caso de interponer una querella", extremo mencionado por la Fiscalía, que atribuye a Asunción T.B. un presunto delito de estafa continuada, reclamando para ella cinco años de cárcel y una multa de 3.600 euros.