SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Agentes Locales de Promoción de Empleo, de los
consorcios Utedlt de Andalucía, han asegurado que la Junta "lleva gastados más de 71 millones de euros acumulados" por gastos derivados de los litigios judiciales con el colectivo, y ha asegurado que "por el momento no hay ningún trabajador reincorporado a su puesto de trabajo".
En una nota remitida a Europa Press, esta asociación ha indicado que "el conflicto con el colectivo ALPE no va camino de una solución pronta sino que la Junta de Andalucía se empeña en enredar aún más", ya que lamenta que el Gobierno andaluz "afirma que no tiene aún claras
las funciones que nos pueden encomendar", ante lo que este colectivo ha asegurado que "no hay que buscar funciones que podamos hacer, porque la Ley de Reordenación es bien clara al señalar que pasan al Servicio Andaluz de Empleo, tanto los trabajadores como sus funciones".
"El colectivo ALPE no estábamos sujetos a ninguna financiación especial pero si a funciones definidas y especificadas normativamente, y
lo más flagrante es que en la comunidad con mayor tasa de desempleo de Europa, los agentes locales de promoción y empleo, empleados públicos por concurso-oposición, no tienen sitio para trabajar", se han lamentado.
Han aludido a los últimos autos de ejecución de diferentes juzgados de Jaén o Córdoba, donde "el juez declara que es el SAE quien debe de reincorporarnos en un puesto igual o similar, incluso añadiendo nuestras
funciones". Recuerdan que además en los últimos autos "se les requiere a la Secretaria General del SAE, al consejero de Empleo y a la presidenta, para que readmitan a los trabajadores en el SAE, algo que por supuesto siguen incumpliendo, a sabiendas que pueden incurrir en un delito penal de desobediencia".
Han lamentado que "cuando parecía que las resoluciones para incorporar a nueve compañeros de Cádiz estaban para firmarse, se
paralizó todo y les comunicaron que no se les podía readmitir".
Lamentan que "en los procesos judiciales individuales de cada ALPE, la excusa con la que estás compareciendo, bien el abogado externo contratado para la defensa de los consorcios, bien los propios
abogados de los servicios jurídicos de la Junta, es que tenemos que volver a los consorcios, que como no tienen actividad ni financiación, no pueden asumirnos por lo que se deben extinguir nuestros contratos laborales, con indemnizaciones de 33 y 45 dias". Consideran que así "se
estaría volviendo a cometer lo que condena el Tribunal Supremo, esto es, el fraude de Ley".
"Nos despidieron antes de extinguir los consorcios y evitar la subrogación al SAE y no cumplir la Ley que el Gobierno de la Junta promulgó y que si cumplió con otros colectivos", han añadido este colectivo, quienes lamentan que "algunas delegaciones provinciales están presentando en los juzgados informes y escritos donde manifiestan la imposibilidad de cumplir con las sentencias, ya que los consorcios están liquidados o en fase de liquidación y no tienen financiación".
Lamentan esta "situación procesal de alargamiento" y aseguran que "todavía hay compañeros que no han percibido indemnización alguna desde que los despidieron hace tres años".
"Además de aguantar los procesos judiciales son bastante largos, estamos hartos de soportar que los cargos públicos últimamente nos mientan diciendo que en 15 días está todo arreglado, y ya hace un año y medio desde la primera sentencia colectiva del Tribunal Supremo", se lamenta este colectivo, que asegura que estos trabajadores "no se merecen este trato vejatorio".
